La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho enfrenta serios cuestionamientos que ponen en evidencia una profunda crisis institucional. Entre las principales denuncias destacan el tráfico de tesis, venta de títulos universitarios, favores sexuales exigidos contra estudiantes y condiciones insalubres en el comedor universitario.
A estas problemáticas se suma la aparente protección de congresistas, como el izquierdista Roberto Sánchez, quien, según testimonios y documentos, habría intervenido en contra de una ley de reorganización universitaria, necesaria para combatir las irregularidades.
Sánchez, acusado de vínculos con actos de corrupción y señalado como cómplice político del expresidente golpista Pedro Castillo, evitó responder preguntas al respecto, incluso huyendo de periodistas.
Testimonios de profesores y alumnos revelan el control de la universidad por una presunta organización criminal encabezada por la familia Alcántara-Paredes. Esta red habría favorecido contrataciones ilícitas y protegido docentes involucrados en acoso sexual, como en el caso del profesor Walter Stalin Gil Quevedo.
Por otro lado, un informe puso al descubierto alimentos en mal estado en el comedor universitario, contradiciendo la versión oficial del parlamentario, quien elogió sus condiciones durante una reciente visita.
