A pocas semanas que se cumplen 5 años de su muerte, el nombre de Alan García vuelve a estar en las carpetas legales. Este sábado 16 de marzo, el Poder Judicial autorizó que el Ministerio Público tenga acceso a la información que contienen los dos celulares que fueron incautados el pasado 17 de abril del 2019, día en que el expresidente se suicidó durante el allanamiento que hizo la Fiscalía en su domicilio de Miraflores. Posterior a ello se iba a realizar su detención.
Aunque el pedido fue desestimado en el año 2021, el juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, autorizó que el primer despacho del equipo Lava Jato, a cargo de José Domingo Pérez, tenga acceso a esos móviles.
Esta investigación es por la presunta vinculación del exmandatario en el caso Odebrecht. Según la tesis fiscal, en el segundo periodo de García como jefe de Estado habría recibido de la constructora brasileña un pago de 6,2 millones de euros por adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Sin embargo, cabe señalar que García Pérez ya no está incluido en el proceso, pues con su muerte se extinguió toda acción penal en su contra, pero el equipo de fiscales considera que en los teléfonos confiscados podría hallar información relevante sobre otros investigados. Ministros y colaboradores cercanos del exgobernante están bajo sospecha.
El fallo prohíbe que se recupere información ajena al proceso, y que se levante el secreto de las comunicaciones de Luis Nava, el exsecretario presidencial que señaló al exdirectivo de Odebretch, Jorge Barata, de entregar las coimas en maletines y loncheras al exlíder del Apra.
