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Un total de 22 procuradores públicos a nivel nacional rechazaron, mediante un comunicado, “cualquier intento de injerencia política” en la labor de la Procuraduría General del Estado.
Ello, ante una eventual destitución de su titular Daniel Soria por parte del ministro de Justicia, Aníbal Torres, tras un pedido del abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas.
“Si bien es un ente adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se trata de un nuevo organismo público especializado que posee autonomía funcional, técnica y administrativa para el ejercicio de sus funciones”, reza el documento.
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Recordaron, en tal sentido, que el procurador general y los procuradores públicos actúan defendiendo los intereses del Estado y de sus instituciones. “No son abogados defensores del gobierno de turno o de los funcionarios que dirigen temporalmente las instituciones y los organismos del Estado”, puntualizaron.
Bajo esa línea, hicieron un llamado al Ejecutivo a respetar la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado y de los procuradores públicos.
El pronunciamiento se da luego que Eduardo Pachas, abogado del mandatario Pedro Castillo, dijera que Daniel Soria no cumple con los requisitos para ser titular de la Procuraduría General del Estado.
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