El Estado peruano se impuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una reunión donde los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y la Cantuta alzaron su voz de protesta ante la ley de amnistía para policías y militares por casos de terrorismo.
En la audiencia, la Corte pudo escuchar la postura del Estado y también la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyo presidente acusó que nuestro país ha incumplido las decisiones adoptadas por la Corte.
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“Nos plantean como si el Perú estuviera incumpliendo, como si el Perú estuviera rebelde, como si el Perú se comportara de modo malcriado frente a la Corte y eso es inaceptable”, sostuvo Ángel Delgado, jefe de la Oficina legal del Congreso.
PROCEDIMIENTO NO ESTÁ EN LAS COMPETENCIAS DE LA CORTE
Del Estado peruano, a través de sus representantes, aclaró que dicha ley solo alcanza a aquellos policías, militares y ronderos procesados por casos de terrorismo, pero que hasta el momento no hayan recibido sentencia.
El abogado Ángel Delgado señaló, además, que la Corte no está autorizada para hacer una supervisión de ejecución de sentencia, pues ese trámite no está contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
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“Este es un procedimiento espurio, abusivo por parte de la Corte, que, además, no está contemplada dentro de sus competencias establecidas en la convención americana de derechos humanos, que es la ley que debería guiar su actuación”, manifestó.
La decisión de la Corte sobre esta audiencia se sabrá todavía en dos semanas, pero lo que sí está claro es que el Perú no permitirá injerencias sobre leyes que son parte de nuestra soberanía nacional.
