El exministro de Relaciones Exteriores de Perú, Javier González-Olaechea, desmintió que el reciente pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU a favor del expresidente Pedro Castillo tenga la capacidad de alterar el marco legal peruano.
En entrevista con Beto Ortiz en ‘Beto a Saber’, el internacionalista aclaró que este documento no es una sentencia ni un informe de la organización, sino una opinión consultiva emitida por expertos independientes que carecen de facultades judiciales. La precisión surge luego de que la defensa de Castillo, liderada por Eduardo Pachas y el propio entorno del exmandatario, afirmara erróneamente que el escenario constitucional y penal del país había cambiado de forma obligatoria tras la difusión del texto.
Javier González-Olaechea: un documento sin carácter vinculante ni judicial
González-Olaechea fue categórico al señalar que el documento emitido no posee ninguna fuerza legal obligatoria para el Estado peruano. Según explicó, este grupo de trabajo forma parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un espacio caracterizado por su naturaleza política más que jurídica.
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“Las opiniones del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, en la medida que son expertos independientes y no son jueces, no pueden dictaminar porque carecen de facultades jurisdiccionales”, enfatizó el excanciller. Con esto, se cae el argumento de la defensa de Castillo que intentaba equiparar esta opinión con un fallo de un tribunal internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La politización de los organismos de derechos humanos
Durante la entrevista, el analista también puso en duda la neutralidad y el prestigio de los órganos que integran la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Recordó que se trata de un foro intergubernamental netamente político compuesto por delegados de diversos países, donde criterios de conveniencia ideológica suelen primar sobre la justicia técnica.
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Para ilustrar este punto, González-Olaechea recordó que regímenes ampliamente cuestionados por la comunidad internacional, como la Venezuela de Hugo Chávez y Cuba —esta última elegida hasta en cinco oportunidades para mandatos de tres años—, han integrado activamente esta comisión, lo que resta legitimidad moral a sus resoluciones y opiniones sectoriales.
Nexos con el Movadef en el origen de la petición
Otro de los puntos más controversiales revelados en la conversación fue el origen de la solicitud enviada al grupo de la ONU. González-Olaechea citó una investigación periodística del diario Correo que vincula directamente la petición a favor de Castillo con personajes de la extrema izquierda peruana.
Específicamente, se señaló que Arturo García, un ciudadano que firmó en su momento los planillones para la inscripción del Movadef (brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso), fue quien presentó formalmente el petitorio ante el grupo de la ONU. Este hallazgo, según el diplomático, evidencia que detrás del pronunciamiento existe una clara estrategia política coordinada para deslegitimar el orden constitucional peruano y la prisión preventiva que cumple el golpista Pedro Castillo.
