A solo dos semanas de que concluya la actual gestión gubernamental, el debate público se centra en la viabilidad de otorgar un indulto a Pedro Castillo.
Al ser consultado de forma directa sobre si el Poder Ejecutivo se encuentra evaluando esta gracia de excarcelación, el presidente de la República, José María Balcázar, confirmó la existencia de dicho trámite declarando textualmente: “Está todavía en trámite“.
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Este anuncio ha reavivado el análisis sobre las distintas estrategias y coordinaciones efectuadas desde diversos sectores de la actual administración para lograr la liberación del exjefe de Estado.
Estrategias para indulto a Pedro Castillo
La primera de las estrategias identificadas para justificar la liberación de Pedro Castillo se orientó hacia el ámbito de la salud, intentando acreditar una condición médica grave.
De acuerdo con las investigaciones difundidas, se planificó un procedimiento para presentar al exmandatario como un paciente oncológico en estado terminal.
El objetivo de este expediente era alegar razones humanitarias para hacer viable un indulto y facilitar su salida del establecimiento penitenciario.
El médico y especialista en salud pública, Omar Neyra, detalló las irregularidades cometidas en este proceso de evaluación, manifestando que “estos funcionarios vulneraron todos los procedimientos y procesos internos que tienen, afectando a la salud de muchos peruanos, solo para poder tener un expediente clínico que demostrara que Castillo —invitado, obviamente— era un paciente terminal de cáncer“.
Neyra contrastó esta versión médica señalando que el exmandatario había participado anteriormente de manera activa en campañas electorales con un óptimo estado físico, lo que desmentía la gravedad de su diagnóstico.
Irregularidades en expediente médico
Los registros obtenidos revelaron que el 23 de abril se programaron dos consultas de especialidades distintas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins:
Cirugía General a las 9:34 a. m. y Gastroenterología a las 9:54 a. m., registrando una inusual diferencia de apenas veinte minutos entre ambas atenciones.
El protocolo regular indica que a Castillo, por su condición de interno en Barbadillo, le correspondía la atención médica inicial en el Hospital II Vitarte o, en su defecto, ser derivado al Hospital Almenara.
La exposición de este presunto favorecimiento médico desencadenó una crisis administrativa interna que concluyó con la dimisión de importantes autoridades del sector.
Entre las renuncias registradas como consecuencia de este hecho se encuentran la del ministro de Trabajo, Óscar Fernando Cáceres; la del presidente de EsSalud, Luis Rosales Pereda; y la del gerente de la Red Prestacional Rebagliati, Aurelio Orellana.
Ante la difusión de estos datos médicos, la defensa de Castillo procedió a interponer una denuncia penal contra la dirección del espacio periodístico que reveló la información, alegando una vulneración a la intimidad.
Recursos de hábeas corpus
Tras verse frustrada la vía de la excarcelación por motivos de salud, los esfuerzos se recondujeron hacia el terreno estrictamente legal y la justicia constitucional.
El expresidente del Tribunal Constitucional y exrepresentante del Perú ante las Naciones Unidas, Víctor García Toma, precisó que la defensa del exmandatario ha interpuesto de manera sistemática entre siete y ocho recursos de hábeas corpus, los cuales resultaron declarados improcedentes o inadmisibles por los órganos correspondientes.
García Toma calificó esta conducta procesal como un “abuso del derecho de acción” que desnaturaliza la correcta administración de justicia.
Ante los sucesivos rechazos en los tribunales locales, se recurrió a un informe emitido por un Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria perteneciente a las Naciones Unidas, correspondiente al periodo de sesiones de noviembre del año anterior.
Dicho documento, que calificaba la prisión preventiva del exmandatario como arbitraria e ilegal, fue hecho público con un desfase de ocho meses, coincidiendo con la proximidad de la transmisión de mando.
Diversos sectores políticos aliados han empleado este pronunciamiento para ejercer presión sobre el mandatario de turno.
Roberto Sánchez exige indulto a Pedro Castillo
Roberto Sánchez, líder de la agrupación Juntos por el Perú, se pronunció respaldando el contenido de dicho informe al declarar públicamente: “La detención del presidente Pedro Castillo Terrones fue no solamente ilegal, sino arbitraria”.
Por su parte, el abogado de la defensa, Walter Ayala, emplazó directamente al jefe de Estado manifestando: “Balcázar, cumple tu palabra si no la historia te va a juzgar“.
No obstante, el abogado penalista, Humberto Abanto, aclaró que el informe proviene de un órgano de baja jerarquía dentro de la institución internacional y carece de carácter vinculante para el Estado peruano.
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Abanto también analizó la situación política de Balcázar, quien fue elegido bajo la plataforma de Perú Libre, un partido que mantiene una postura confrontacional hacia Castillo por considerar que traicionó sus lineamientos programáticos.
El especialista advirtió que cualquier decisión discrecional para otorgar la libertad al exmandatario se enfrenta a la posibilidad de que el próximo gobierno, o cualquier ciudadano, interponga una demanda de control constitucional ante el Tribunal Constitucional para evaluar la validez jurídica y constitucionalidad del indulto.
