El congresista Wilson Soto anunció la decisión de retirar el proyecto de ley que buscaba regular la actividad de los influencers. La decisión fue informada a la ciudadanía a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.
El parlamentario explicó que esta acción no responde a presiones. Más bien, se basa en un acto de escucha, responsabilidad y comprensión de que no es el momento adecuado para impulsar la propuesta.
El congresista reafirmó su compromiso de trabajar por el bienestar de todos los ciudadanos. También señaló que siempre defenderá el derecho de las familias a estar informadas con responsabilidad y respeto.
Wilson Soto detalla la problemática que existe
A pesar del retiro, el congresista Soto consideró importante señalar la problemática que motivó la iniciativa. Indicó que el proyecto de ley es real y busca abordar un problema existente. Soto sostuvo que, en los últimos años, miles de ciudadanos han sido expuestos a información equivocada. Esto incluye consejos irresponsables y recomendaciones peligrosas.
La difusión de estos contenidos afecta directamente áreas sensibles como la salud, la educación, la seguridad, el patrimonio y el bienestar de las personas.
El comunicado enfatiza el gran poder de influencia que tienen las figuras digitales. “No podemos ignorar que una persona con miles o millones de seguidores posee una enorme capacidad de influir en las decisiones de las familias peruanas“, reza el pronunciamiento.
Congresista propone un debate serio
El congresista Soto mencionó ejemplos de lo que la iniciativa buscaba evitar. “Hemos visto casos de tratamientos no comprobados o consejos médicos sin sustento. También se han observado asesorías financieras riesgosas o contenidos que incluso ponen en riesgo la integridad física de las personas”, añade.
El parlamentario expresó su deseo de que este momento sirva para iniciar un debate serio y necesario en el país. Este debate debe centrarse en la responsabilidad que implica influir en grandes audiencias.
Soto concluyó que la prioridad siempre debe ser proteger a la población. Esta protección se dirige especialmente a quienes confían en figuras con alta presencia digital.
He decidido retirar el proyecto sobre creadores digitales tras un ejercicio de escucha y entendimiento del momento. Sin embargo, alertamos una problemática real que debe analizarse con responsabilidad. pic.twitter.com/g22p3bDJn4
— Wilson Soto Palacios (@wilsonsotop) November 28, 2025
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¿Qué proponía el PL de Wilson Soto?
El Proyecto de Ley N° 13313/2025-CR proponía, entre otras cosas, la exigencia de un título profesional o certificado oficial de especialización a los creadores de contenido digital.
Ponía un énfasis particular en la difusión de materias sensibles, requiriendo conocimiento especializado, veracidad y objetividad. Las materias consideradas sensibles eran la salud física y mental, la educación de calidad, la seguridad y el patrimonio.
Para el ejercicio de la actividad en temas especializados, la propuesta establecía requisitos clave para influencers, streamers o líderes de opinión. Además de ser mayor de edad , o que el administrador de la cuenta lo fuera, se solicitaba contar con título profesional o certificado oficial. Este documento debía acreditar la especialización cuando el contenido pudiera afectar la vida, salud o patrimonio.
El proyecto también creaba el Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital. Los medios y creadores debían inscribirse en este registro, el cual estaría a cargo de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM.
Las obligaciones incluían informar de forma veraz y objetiva , verificar la información , citar la fuente oficial, y señalar si el anuncio era retribuido o una colaboración pagada. Asimismo, se debía precisar cuándo se trataba de una opinión o de un hecho corroborado.
En cuanto a las sanciones, la iniciativa tipificaba diversas conductas infractoras. La difusión de información falsa sobre tratamientos o curación de enfermedades sin acreditaciones se consideraba muy grave. Las infracciones muy graves podían acarrear la inhabilitación para el ejercicio de la actividad o profesión hasta por un (1) y tres (3) años respectivamente.


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Wilson Soto comparaba su PL con China
Luego de haber presentado su proyecto de ley y tener una serie de críticas, el congresista Wilson Soto (Acción Popular) había defendido su iniciativa. Afirmaba que el objetivo del proyecto es evitar la difusión de información incorrecta. Además, señalaba que medidas similares se aplican en otros países, como China.
“No es que queramos limitar la libertad de expresión. En China ya se regula este tema. Nuestra propuesta plantea que, para hablar sobre un tema específico, la persona debe tener conocimientos en la materia. Si alguien quiere hablar de salud, debe contar con formación en medicina; si quiere hablar de leyes, debe tener un título en derecho”, dijo entonces el legislador.
Sostuvo también que los influencers podrían cambiar el enfoque de su contenido hacia un tema que no requiera especialización.
“No estamos restringiendo la creatividad; los influencers pueden dedicarse al humor o a realizar bailes. En el caso de los congresistas, los partidos políticos eligen a sus representantes. Lo que buscamos es que, si alguien quiere tratar un tema específico, tenga la formación correspondiente”, sentenció.
En China, los influencers deberán tener título
China ahora exige que los influencers que abordan temas relacionados con medicina, economía o derecho acrediten formación universitaria o profesional específica.
La normativa establece que los creadores que difunden información sobre salud, derecho, economía, educación y medioambiente deben presentar títulos académicos, certificados técnicos o licencias profesionales antes de emitir opiniones en plataformas digitales.
Las empresas tecnológicas deberán verificar esta documentación y solo permitirán la publicación tras completar el proceso de control. Los materiales publicados deben incluir etiquetas que indiquen si tienen respaldo de fuentes certificadas, y se exige mayor transparencia en la identidad y formación de quienes generan los contenidos.
Las plataformas serán responsables de vigilar el cumplimiento. Las sanciones en caso de infracción incluyen la eliminación de contenidos, multas económicas o restricción de cuentas.







