Congreso: proponen que influencers y streamers cuenten con título profesional o certificación oficial para tratar temas especializados

Proyecto de ley del Congreso exige títulos y registro a creadores digitales para frenar desinformación al tratar ciertos temas especializados.

noviembre 22, 2025 –
21:47.
Actualizado en noviembre 22, 2025 –
21:52.
Congreso: proponen que influencers y streamers cuenten con título profesional o certificación oficial para tratar temas especializados
Congreso: proponen que influencers y streamers cuenten con título profesional o certificación oficial para tratar temas especializados

El parlamentario Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, ha presentado una propuesta en el Congreso que busca regular la actividad de los creadores de contenido digital, incluyendo a influencers, streamers y líderes de opinión, con el objetivo de frenar la desinformación en temas sensibles como salud, educación, seguridad y patrimonio.

La iniciativa, de ser aprobada, establecería un requisito clave: los creadores deberán contar con un título profesional o certificación oficial que acredite su especialización en la materia sobre la que difunden contenido.

Además, se propone la creación del Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), donde la inscripción será obligatoria.

Congreso: puntos a tener en cuenta de proyecto de ley

El proyecto también detalla obligaciones esenciales, como la necesidad de informar con veracidad, citar fuentes oficiales, verificar la información previamente y diferenciar claramente si un contenido es una opinión, un hecho comprobado, o si es pagado/colaborativo.

Para asegurar el cumplimiento, la norma incorpora un régimen sancionador. Las infracciones graves, como promocionar tratamientos médicos falsos, podrían acarrear multas de hasta 5 UIT (S/ 26,750). En el caso de infracciones muy graves, que pongan en riesgo la salud o la vida, se plantea la inhabilitación de 60 días a un año como creador digital, y una inhabilitación profesional de uno a tres años.

Soto Palacios justifica la propuesta argumentando un “uso abusivo” de la libertad de opinión en el entorno digital, donde la circulación de información sin sustento científico o legal puede afectar directamente el patrimonio y la salud de los ciudadanos.

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