La exfiscal Sandra Castro, reconocida por su labor en el caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, ha sacudido el escenario judicial este jueves 24 de abril al presentar una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación.
La acción legal se dirige contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y los siete miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), alegando graves irregularidades en la salida de Corvetto de la entidad electoral.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Piero Corvetto y sus designaciones: José Samané no cumplía con requisitos y Juan Phang involucrado en organización criminal
Implicancias legales por parte de la exfiscal: abuso de autoridad y omisión de funciones en la ONPE
En el documento remitido al Ministerio Público, Castro Castillo califica a Corvetto como autor de los presuntos delitos de abandono de cargo, omisión de actos funcionales y abuso de autoridad. La tesis de la denuncia sostiene que la jefatura de la ONPE es un cargo constitucional de carácter esencial y permanente, lo que lo vuelve irrenunciable según el marco normativo vigente
Según la exfiscal, un funcionario en dicha posición solo puede apartarse mediante una remoción por falta grave determinada por la JNJ.
Por otro lado, los siete magistrados de la JNJ son señalados como cómplices primarios. La denuncia argumenta que el pleno del organismo aceptó indebidamente la dimisión de Corvetto, eludiendo así su deber jurídico de investigar y determinar responsabilidades disciplinarias. Al aceptar la renuncia, la JNJ habría facilitado que el exjefe de la ONPE evitara el control constitucional que la ley impone sobre su gestión.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Piero Corvetto designó a José Samamé como gerente electoral sin experiencia en el cargo: Galaga habría alterado documentación
La controversia tiene como antecedente la resolución de la JNJ que declaró la vacancia del cargo tras la renuncia de Corvetto. Si bien la Junta indicó que esto no interrumpía las investigaciones preliminares por la demora en la entrega de material electoral durante los comicios del 12 de abril, Castro considera que el procedimiento fue una vía de escape procesal.
Ante este panorama, la exfiscal ha solicitado formalmente el inicio de una investigación preliminar para esclarecer si existió un concierto de voluntades para desproteger la continuidad institucional del sistema electoral peruano. Ahora, la Fiscalía deberá decidir si abre las diligencias correspondientes.
