La mañana de este viernes 24 de abril, el Ministerio Público, en conjunto con personal de la SUAT y la Dirección contra la Corrupción, procedió al allanamiento y descerraje de la vivienda del renunciante jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas.
La medida, autorizada por el juez Manuel Chuyo Zavaleta, también alcanzó dos sedes de la empresa Galaga SAC y los domicilios de otros funcionarios implicados en una presunta red de favorecimiento ilícito.
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A pesar de que la Fiscalía solicitó la detención preliminar del ex titular del organismo electoral, el magistrado optó únicamente por permitir el ingreso a los inmuebles para la incautación de material relevante.
Durante la diligencia en una de las sedes de Galaga, la seguridad privada opuso resistencia al ingreso de las autoridades.
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La investigación fiscal sostiene la existencia de un plan criminal que involucraría a altos mandos de la ONPE para beneficiar a la empresa Galaga SAC con la buena pro del servicio de transporte de material electoral.
Según la tesis del Ministerio Público, Piero Corvetto habría concertado con el gerente de dicha compañía, Juan Charles Alvarado Puyo, mediante la flexibilización de criterios técnicos en perjuicio de los intereses del Estado.
Otras teorias de la Fiscalía
Una de las hipótesis de la Fiscalía, la empresa Galaga habría presentado información falsa; declaró tener 70 conductores, pero los registros de SUNAT solo consignaban 33 trabajadores.
En el caso de Corvetto, designó a José Edilberto Samamé Blas en la Gerencia de Gestión Electoral, a pesar de que este no contaba con la trayectoria ni experiencia funcional requerida para el cargo.
Para las autoridades judiciales, estas irregularidades administrativas tuvieron un impacto directo en la logística de los comicios.
La falta de capacidad operativa de la proveedora contratada se tradujo en fallas logísticas y retrasos severos que impidieron que miles de ciudadanos pudieran ejercer su derecho al voto el pasado 12 de abril.
