Ante la publicación difundida respecto a presuntos aportes económicos solicitados a sus trabajadores, la parlamentaria Ariana Orué emitió un pronunciamiento para negar tales acusaciones.
La controversia se originó luego de que testimonios, chats y comprobantes obtenidos por El Comercio indicaran que la legisladora habría exigido cuotas a su personal para financiar su campaña de reelección y cubrir gastos de índole personal.
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Según los datos difundidos por dicho medio, la recolección del dinero se habría efectuado a través de las billeteras digitales Yape o Plin, y las sumas en mención no fueron consignadas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
A través de un documento formal, la congresista manifestó su posición de manera directa frente a la denuncia periodística.
En su comunicado oficial, Ariana Orué deslindó de cualquier cobro irregular hacia su equipo de trabajo:
“Rechazo de manera firme y categórica cualquier afirmación que pretenda atribuirme la exigencia, imposición u obligación de realizar aportes económicos a trabajadores de mi despacho o de la comisión que presido”.
“Tales imputaciones son absolutamente falsas y carecen de sustento que acredite mi participación en los hechos que se me atribuyen”, agregó.
Detalles de la denuncia contra Ariana Orué
La información proveniente de las denuncias periodísticas indica que las presuntas exigencias económicas a los colaboradores de la legisladora habrían experimentado un incremento durante el periodo electoral.
Un testimonio brindado por uno de los afectados detalló la modalidad y la obligatoriedad de la entrega de estos fondos pecuniarios, señalando presiones para mantener sus puestos laborales.
“Nos obligó a dar S/1.800 por cabeza. Aportaron tanto personal de despacho como de comisión (…) Era obligatorio porque si no dábamos, ya sabíamos que nos iba a dar de baja”, contó un afectado.
Adicionalmente, los reportes periodísticos sostuvieron que los trabajadores del despacho y la comisión que preside también habrían asumido egresos vinculados con un proceso judicial que afronta la parlamentaria.
A estas obligaciones se sumarían los costos de los trámites para la obtención de la visa de la propia legisladora, así como la de sus padres, por montos fijos establecidos en 450 dólares americanos por cada uno de los integrantes de su familia.
Descargos de la parlamentaria
En el documento oficial de respuesta, la congresista recalcó que a lo largo de su gestión parlamentaria ha actuado con estricto respeto a la ley, a las normas del Congreso y a los principios de transparencia que deben regir la función pública.
En esa línea, aseguró que nunca ha dispuesto, ordenado ni autorizado cobros de ninguna naturaleza a los trabajadores bajo su responsabilidad directa dentro de la institución.
Respecto al origen de la denuncia, Ariana Orué señaló que las afirmaciones difundidas tendrían como único sustento las declaraciones de presuntos tres ex trabajadores que ya no forman parte de su equipo de trabajo.
Según precisó, estas personas vendrían tomando presuntas represalias en su contra, indicando como antecedente que un familiar de uno de estos ex colaboradores agredió al personal de su despacho durante la denominada semana de representación.
Asimismo, la legisladora reafirmó su total disposición para colaborar con cualquier investigación o requerimiento formal que permita esclarecer plenamente los hechos señalados.
Afirmó no tener nada que ocultar y confió en que una evaluación objetiva demostrará la absoluta inexistencia de responsabilidad de su parte.
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La congresista concluyó su misiva lamentando la generación de un juicio mediático basado en acusaciones no corroboradas, argumentando que esto afecta su imagen personal y las labores desarrolladas en favor de los ciudadanos.
Añadió que su compromiso seguirá siendo trabajar por las familias del Callao y del Perú mediante iniciativas legislativas, fiscalización y proyectos para la población.
