El panorama judicial de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y actual prófugo de la justicia, podría dar un giro radical. En una reciente intervención, el exmagistrado y expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, señaló que existen argumentos jurídicos sólidos para que el máximo intérprete de la Constitución restablezca la libertad del político bajo un régimen de comparecencia restringida.
La defensa de Cerrón, encabezada por el abogado Humberto Abanto, sostiene que su patrocinado enfrenta una situación de desigualdad política y que las órdenes de captura en su contra carecen de sustento tras la caída de procesos emblemáticos.
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Blume coincide parcialmente con esta tesis, enfocándose en la naturaleza de las sentencias que motivaron el pase a la clandestinidad del exgobernador regional.
Anulación de sentencias: El argumento clave para la libertad de Cerrón
Según explicó Blume, el cambio de comparecencia restringida a prisión preventiva se produjo cuando Cerrón dejó de reportarse ante el juzgado, argumentando una “preservación de su libertad” frente a fallos que consideraba arbitrarios. El punto de quiebre reside en que los casos Aeródromo Wanka y La Oroya fueron posteriormente anulados por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, respectivamente.
“Él se escondió a raíz de que se le condenó, pero esas condenas fueron anuladas. Tiene el argumento de decir que no fue reacio a la justicia, sino que enfrentó condenas injustas”, afirmó Blume.
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Para el jurista, el rol del TC es preservar los derechos fundamentales. En ese sentido, considera probable que el colegiado opte por devolver a Cerrón a su situación jurídica inicial. Esto implicaría revocar la orden de detención y permitirle afrontar sus procesos restantes en libertad, cumpliendo reglas de conducta como firmas mensuales y arraigo domiciliario.
Impacto en la carrera presidencial
De concretarse este escenario, Vladimir Cerrón recuperaría no solo su libertad ambulatoria, sino también su plena capacidad de ejercicio político. Bajo comparecencia restringida, el líder de Perú Libre podría participar activamente en mítines, acudir a estudios de televisión y presentarse a debates electorales.
Al no existir una sentencia firme que lo inhabilite, su derecho constitucional a postular a la Presidencia de la República permanecería intacto, nivelando —según su defensa— la cancha electoral de cara a los próximos comicios.
