El Pleno del Congreso de la República aprobó el martes, en segunda votación, el dictamen que modifica el Código Penal Militar Policial y el Nuevo Código Procesal Penal. La iniciativa legislativa, que reunió seis proyectos de ley diferentes, obtuvo 48 votos a favor, 37 en contra y 4 abstenciones.
El objetivo principal de esta reforma es precisar el concepto de “delito de función”, fortalecer la labor operativa de las fuerzas del orden y endurecer de forma drástica las sanciones para los efectivos que colaboren o participen activamente en bandas u organizaciones criminales. Tras rechazarse una reconsideración de las bancadas de izquierda, la autógrafa será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
Congreso: cadena perpetua y penas severas para malos elementos
El núcleo de las modificaciones aprobadas por la representación nacional apunta directamente contra la corrupción y la infiltración criminal dentro de las instituciones armadas y policiales.
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La nueva normativa establece penas que van desde los 20 hasta los 30 años de prisión, sumado a la inhabilitación accesoria, para aquellos militares o policías que utilicen su cargo, prerrogativas o funciones para colaborar con grupos armados ilegales o bandas delictivas. Asimismo, la ley es tajante al dictaminar la pena de cadena perpetua si dicha colaboración directa o indirecta deriva en la muerte de una persona, buscando así disuadir la impunidad en las filas estatales.
Blindaje competencial y prevalencia del fuero militar
Otro de los aspectos más debatidos de la reforma es la ampliación del “delito de función”, el cual ahora incorporará formalmente las conductas cometidas tanto por acción como por omisión durante el ejercicio de las actividades militares o policiales. Adicionalmente, el texto aprobado introduce un blindaje jurisdiccional: ningún efectivo podrá ser procesado de manera simultánea por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la justicia militar-policial.
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En caso de conflicto de competencias, la ley ordena dar preferencia absoluta al fuero militar-policial, obligando a los jueces ordinarios a archivar las investigaciones en curso si se comprueba la duplicidad del proceso.
Advertencias del Minjusdh y consenso multipartidario
A pesar del respaldo mayoritario en el hemiciclo, el dictamen arrastra observaciones críticas de instituciones técnicas. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) advirtió previamente sobre posibles vicios de inconstitucionalidad relacionados con la afectación a la independencia judicial, la vulneración en la delimitación de competencias entre la Fiscalía común y el fuero militar, y la falta de proporcionalidad en algunas de las sanciones penales propuestas.
Cabe precisar que el dictamen final logró consenso al unificar propuestas de legisladores de diversos espectros políticos, tales como Luis Kamiche, Idelso García, Fernando Rospigliosi, Guido Bellido, Alejandro Muñante y Patricia Chirinos.
