La credibilidad de los organismos de vigilancia electoral ha sido cuestionada tras las revelaciones del programa periodístico conducido por Beto Ortiz.
En una edición dedicada a la fiscalización de las instituciones civiles, se expuso que Álvaro Henzler, actual presidente de la Asociación Civil Transparencia, mantuvo vínculos comerciales directos con el Estado.
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Según la información difundida, Henzler habría facturado servicios a diversas entidades públicas a través de su empresa privada, Asociación Civil Lucaris, lo que ha puesto en duda su imparcialidad como veedor de los procesos democráticos en el país.
Beto Ortiz advierte conflicto de intereses
El punto más crítico de la denuncia presentada por Beto Ortiz reside en la contratación efectuada con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
La empresa de Henzler suscribió un acuerdo con este organismo autónomo por un monto de 42,500 soles.
Esta relación contractual es señalada como un evidente conflicto de intereses, dado que el rol fundamental de Transparencia es fiscalizar la neutralidad y el correcto desempeño del JNE, no ser su proveedor de servicios.
Al respecto, el periodista manifestó su rechazo ante la justificación de que estas facturaciones representen un porcentaje menor de los ingresos totales de la empresa.
Ortiz enfatizó el uso de recursos públicos en estas transacciones:
“Le pagamos al señor Henzler y luego él sale a vernos la cara de estúpidos y decirnos que todo está perfecto, que las elecciones son inmaculadas, inmarcesibles… y no, no le creemos”.
Contratos adicionales con ministerios y servicios de docencia
Más allá del JNE, las investigaciones revelaron una red de contratos con otras carteras ministeriales.
Se documentó que el presidente de Transparencia brindó servicios de docencia diplomática al Ministerio de Relaciones Exteriores, percibiendo ingresos superiores a los 20,000 soles.
Asimismo, se registraron consultorías y asistencias técnicas para otros ministerios, diversificando la cartera de clientes estatales de la Asociación Civil Lucaris mientras su representante máximo ejercía funciones de vigilancia ciudadana.
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Ante la defensa presentada por el entorno de Henzler, Beto Ortiz sostuvo que la fiscalización es necesaria debido a la posición de autoridad moral que el directivo ostenta en la sociedad civil:
“Acá no hay una campaña contra él, nadie quiere dispararle porque está vigilando las elecciones, es al revés: precisamente porque él se pone a sí mismo como garantía, ¿no?, de que todo está bien, de limpieza, es que tenemos que auscultarlo. Y levantamos un poco la alfombra y esto es lo que encontramos. Lo lamento mucho, pero Álvaro Henzler es un falso valor. Para ser honesto”.
