El Congreso de la República oficializó, mediante su promulgación por insistencia, la Ley 32581, una medida que transforma radicalmente el panorama previsional para miles de docentes en el país. La normativa establece que los profesores jubilados y cesantes recibirán una pensión equivalente al monto de la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de la primera escala magisterial, cifra que actualmente asciende a S/3.500,70.
Esta nivelación beneficia a docentes de educación básica regular, alternativa, especial y técnico-productiva bajo los regímenes de los decretos ley 19990 y 20530, así como a aquellos en la Ley 29944 y el Sistema Privado de Pensiones (SPP). El Poder Ejecutivo cuenta ahora con un plazo de 90 días calendario para reglamentar esta ley.
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Congreso aumenta pensión a profesores: impacto fiscal y advertencias del Consejo Fiscal sobre la “cédula viva”
Pese al entusiasmo del sector magisterial, la medida ha encendido las alarmas en las instituciones económicas. El Consejo Fiscal ha advertido que esta ley implica un costo fiscal aproximado de S/8.000 millones anuales, una cifra que podría estar incluso subestimada. Según el organismo, la norma revive de facto el esquema de “cédula viva”, prohibido por la Constitución, al crear un “efecto espejo” donde la pensión se actualiza automáticamente cada vez que sube el sueldo de los maestros activos.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que observó la ley antes de su promulgación, señaló que el Congreso carece de iniciativa de gasto. Además, el MEF resaltó que la norma genera una profunda asimetría previsional. En el Sistema Nacional de Pensiones (SNP), mientras un jubilado promedio recibe entre S/500 y S/1.000, los docentes pasarán a cobrar más del triple, rompiendo los topes establecidos y afectando el fondo común de aportantes.
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Finalmente, la aplicación en el Sistema Privado de Pensiones (AFP) presenta dudas técnicas. Al ser cuentas individuales basadas en el ahorro propio, el MEF considera “inviable” garantizar un monto fijo de S/3.500, especialmente para aquellos docentes que realizaron retiros anticipados de sus fondos durante los últimos años.
