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A pedido del presidente Daniel Ortega, seis universidades privadas pasaron a manos estatales tras levantarse en contra del mandatario.
La decisión que afectó a más de 14.000 estudiantes ha sido objeto de críticas desde el sector estudiantil, académico y de expertos en leyes, debido a los argumentos, el procedimiento y los resultados.
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Al respecto, la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) alertó que lo que busca el Estado es el “control político” de las universidades, y advirtió de “graves consecuencias” para la calidad de la educación.
Cabe señalar que según los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, la decisión fue adoptada ante una petición de emergencia del Ejecutivo porque las universidades no habían presentado sus estados financieros al Ministerio de Gobernación.
Sin embargo, desde el exilio, el rector de una de las universidades, Adrián Meza, sostiene que antes de que su centro de estudios fuera cancelado, el Ministerio de Gobernación se negó a recibir sus estados financieros en varias ocasiones.
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