Política
Además, la Comisión Permanente del Congreso aprobó la segunda acusación constitucional contra Víctor Zamora, exministro de Martín Vizcarra.
6 de octubre del 2024 | 21:22 Hrs.Por 'ContraCorriente'
• VÍCTOR ZAMORA EN SALMUERA
La Comisión Permanente del Congreso aprobó la Denuncia Constitucional N.° 367 contra el exministro vizcarrista, Víctor Zamora, por compras irregulares de pruebas rápidas y el desabastecimiento de oxígeno medicinal durante la pandemia por la COVID-19.
Se busca que, en los siguientes días, el pleno apruebe el informe final con los votos necesarios para inhabilitarlo por 10 años de la función pública. Recordemos que, durante la crisis sanitaria, a pesar de las advertencias de las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS y OPS) sobre la ineficacia de las pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19 debido a falsos negativos, se compraron millones de estas pruebas a empresas chinas, poniendo en riesgo la vida de los peruanos.
Esta es la segunda acusación constitucional contra el exministro de Martín Vizcarra, pues antes se le acusó de haber comprado mascarillas de tela que no protegían del virus. Con la inhabilitación de 10 años, se busca hacer justicia por todas las muertes que pudieron haberse evitado.
La presidenta Dina Boluarte envió, el pasado viernes 4 de octubre, una carta notarial al exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro, después de que este provocara una controversia al declarar que la mandataria habría recibido regalos de 'Chibolín'.
En su carta, Boluarte niega que Andrés Hurtado le haya obsequiado el traje amarillo encendido con el que juró el cargo de presidenta el 7 de diciembre de 2022.
La presidenta ha pedido a Shimabukuro que se rectifique en un plazo máximo de 48 horas; caso contrario, dice, iniciaría "acciones civiles y/o penales para defender su derecho al honor y buena reputación".
El 3 de julio pasado, la Comisión Permanente dio un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que emita un informe ante la Comisión Permanente del Congreso para continuar con la denuncia constitucional contra la congresista 'mochasueldo' Rosio Torres Salinas por el presunto delito de concusión.
Han pasado 90 días y la Subcomisión sigue sin pronunciarse al respecto. Recordemos que este subgrupo de trabajo es presidido por María Acuña Peralta, hermana del líder de Alianza Para el Progreso y al cual también pertenece la congresista denunciada en flagrancia por robarle parte de su suelto a los trabajadores de su despacho.
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Además, la Fiscalía de la Nación también investiga al esposo de la congresista, el exgobernador de Loreto, Fernando Meléndez, quien tiene más de 50 carpetas fiscales abiertas por diversos delitos, como peculado, colusión, lavado de activos y asociación ilícita y, quien junto a la congresista Rosio Torres, habrían "mochado" los sueldos para destinarlo su campaña política.
Increíblemente, Meléndez se encuentra postulando nuevamente como candidato de APP a la gobernación de Loreto, lugar donde la gente lo conoce muy bien y que le han mostrado su rechazo e indignación luego de su reciente visita.
Mediante una carta dirigida al Poder Judicial, donde solicita que se convoque a la Sala Plena para elegir a su sucesor, Jorge Salas Arenas confirma que, en poco más de un mes, termina su cuestionadísima gestión como presidente del Jurado Nacional de Elecciones.
Luego de cuatro años deja un cargo con varios cuestionamientos, como las inscripciones ilegales de Dina Boluarte y Martín Vizcarra, o la opacidad en la impugnación de actas electorales de la última elección presidencial, y haber permitido la inscripción del partido liderado por Antauro Humala.
Además, también fue acusado por sus presuntos vínculos con el exjuez Walter Ríos, de la Corte Superior del Callao, denunciado por nombramientos ilegales, así como la contratación del eterno "reformólogo" Fernando Tuesta Soldevilla que, según un informe de la Contraloría, fue irregular.
Esperemos que su salida no frene todas las investigaciones que tiene en su contra y que la Corte Suprema designe a un juez supremo idóneo para reemplazarlo.
El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, acaba de cumplir un año prófugo y sigue burlándose de la justicia peruana desde su clandestinidad, donde al parecer mantiene una buena señal de Internet, ya que lo vemos siempre activo en sus redes sociales.
Al parecer, los nueve operativos de captura y los cuatro ministros del Interior no han sido suficientes para poder dar con su paradero en todo este tiempo a pesar de estar incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.
Mientras el tiempo sigue pasando, es inevitable que se haya creado una sensación de impunidad alrededor de él, alimentando la teoría de que recibe protección al más alto nivel del gobierno de Dina Boluarte y que ya no se encontraría en el país.
¿Quiénes son los responsables de no haberlo capturado a 365 días? ¿Ha recibido o recibe protección de la embajada de Cuba en Perú, como lo han denunciado exjefes policiales y expertos en inteligencia?
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