Una intervención policial de rutina en la intersección de la avenida Velasco Alvarado y Canevaro en SJM escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia vial y judicial.
El suceso dejó como saldo un conductor de transporte público fallecido tras recibir un impacto de bala por parte de un efectivo de las fuerzas del orden.
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Las cámaras de seguridad del distrito registraron cada segundo del incidente, el cual se inició por una infracción de tránsito cometida por una unidad tipo cúster.
El hecho generó una acalorada discusión entre los ocupantes del vehículo y la autoridad encargada del control vial.
El conductor fue identificado posteriormente como Lisandro José Arellano Quintana, un ciudadano de nacionalidad venezolana que manejaba la unidad de transporte público.
En el interior del vehículo también se encontraba su pareja, quien laboraba activamente como cobradora del servicio.
Durante el altercado grabado desde el interior del bus, se escucha a la mujer reclamar de forma enérgica ante la autoridad:
“No, no me voy a calmar nada señor porque usted se está metiendo con mi pareja“. El ambiente se tornó hostil entre los civiles y el uniformado.
En las imágenes difundidas se observa que la cobradora descendió de la unidad para confrontar directamente al suboficial de la Policía Nacional, identificado como A. Oblitas D.
Según los reportes visuales del informe, la mujer llegó a golpear al efectivo policial momentos después.
El conductor también bajó de la cúster para intervenir en la disputa con la autoridad, cuestionando de forma directa la experiencia del agente con frases como: “¿Eres nuevo funcionario? ¿Eres nuevo? ¿Qué promoción eres?“. La tensión continuó en aumento en plena vía.
Ante los cuestionamientos y la aparente negativa de entregar los documentos solicitados, el suboficial advirtió firmemente a los ocupantes: “Señor, ahorita van a venir dos patrulleros. De ahí, te voy a sacar arrancado y enmarrocado“. La situación no pudo ser controlada.
Asimismo, el agente policial instó a los ciudadanos a que registraran el procedimiento con sus teléfonos móviles sin inconvenientes al manifestar: “Graba lo que quieras, vamos a ir a la comisaría ahorita“. La confrontación verbal dio paso a hechos de violencia física.
Detalles de la intervención policial
Instantes después de la discusión verbal, la cúster encendió su marcha e inició un movimiento que desencadenó la reacción del efectivo policial.
Fue en ese preciso momento cuando el suboficial efectuó un disparo con su arma de reglamento hacia la cabina.
El proyectil impactó directamente en la pierna del conductor, lo que provocó que este perdiera de manera inmediata el control del volante.
El vehículo de transporte público continuó avanzando sin rumbo fijo por la transitada avenida del sector.
Debido a la pérdida de control, la unidad terminó impactando violentamente contra un automóvil de color blanco y contra dos hombres que conversaban en la acera.
El fuerte choque automovilístico causó una profunda alarma entre todos los transeúntes de la zona.
Los testigos que presenciaron el impacto y se acercaron a brindar ayuda señalaron consternados el estado de los involucrados en el accidente.
Una de las personas presentes en la escena exclamó de inmediato ante la gravedad de la situación: “Está en shock, se murió“.
Tras el deceso del chofer, los familiares y allegados de la víctima rechazaron de forma categórica las acusaciones sobre el presunto uso indebido de la fuerza.
La defensa de los deudos argumentó que el conductor no portaba armas para atacar al efectivo.
Una allegada directa a la víctima declaró consternada ante los medios de comunicación locales: “Mi esposo no era ningún ratero ni un delincuente“.
Con estas palabras, exigieron que las autoridades correspondientes esclarezcan las circunstancias exactas en que se produjo el deceso.
Las autoridades competentes iniciaron una investigación exhaustiva del caso para determinar si la intervención policial se ajustó estrictamente a los protocolos institucionales vigentes.
Las cámaras de videovigilancia y los teléfonos móviles serán procesados como las principales evidencias del fuero judicial.
Descargos de la Policía Nacional y antecedentes de los involucrados
Por su parte, los altos mandos de la Policía Nacional del Perú brindaron sus descargos institucionales ante la opinión pública.
Los voceros de la institución policial alegaron que el efectivo actuó tras haber agotado los mecanismos previos de control ciudadano.
El director general policial, Gastón Ramírez, explicó detalladamente la secuencia de los hechos según la versión recabada por la institución.
El alto mando afirmó formalmente ante la prensa: “Ya el policía había agotado todos los medios, los medios verbales“.
De acuerdo con el pronunciamiento oficial, el ciudadano extranjero se habría negado reiteradamente a la acción de fiscalización de la autoridad vial.
Posteriormente, el chofer procedió a bajar del vehículo para agredir físicamente al suboficial en la calle.
Ramírez añadió en su informe que el conductor actuó “conjuntamente con su pareja, creo que era la cobradora“.
Según la versión oficial, ambos ciudadanos le arrancaron el marbete de identificación al policía y le provocaron diversas heridas de arañazos.
La comandancia policial argumentó que el chofer intentó fugarse del lugar de los hechos dando marcha atrás a la cúster de transporte.
“En esas circunstancias en que retrocede, le golpea la pierna derecha al suboficial“, precisó textualmente el alto mando.
La institución policial remarcó que la lesión sufrida por el agente en la extremidad inferior se encuentra debidamente acreditada por especialistas.
Dicho daño físico fue certificado mediante el correspondiente examen médico legal practicado al suboficial tras el incidente.
Horas después de la tragedia, las plataformas de consulta policial arrojaron información relevante sobre el perfil del ciudadano fallecido.
Se constató que Lisandro José Arellano Quintana registraba antecedentes policiales por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.
Asimismo, los registros oficiales indicaban denuncias previas en su contra por posesión ilegal de municiones y receptación agravada en la ciudad.
Su historial delictivo figuraba en las bases de datos activas de las comisarías pertenecientes a la jurisdicción.
El reporte oficial también señaló que su esposa, Dania Plaza, cuenta con registros de antecedentes ante las autoridades de la localidad.
La ciudadana registra denuncias previas por violencia familiar en los archivos vigentes del sistema informático policial.
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Corresponderá exclusivamente a los órganos de justicia competentes determinar de manera definitiva las responsabilidades legales de este caso.
El proceso penal en curso evaluará si el uso del arma de fuego estuvo plenamente amparado por la legislación nacional.
