Un trágico operativo policial terminó con la muerte de un chofer de transporte público tras recibir disparos por parte del suboficial Oblitas, en un incidente que ha desatado un intenso debate sobre las competencias de las fuerzas del orden. El abogado Stefano Miranda, defensa legal del efectivo, reveló en el programa ‘Ahora y en la Hora‘ que el vehículo intervenido contaba con una orden de incautación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), lo que explicaría el violento intento del conductor por evadir el control.
Según el letrado, el policía actuó amparado en el Decreto Legislativo 1186, el cual regula el uso progresivo de la fuerza ante un peligro inminente, desatando la polémica sobre si un agente que no pertenece a la unidad de tránsito está facultado para retener un vehículo en la vía pública.
Prevención del delito vs. Infracción de tránsito
El caso ha puesto en evidencia la confusión ciudadana respecto a las funciones de los uniformados. Miranda enfatizó que, si bien el Texto Único Ordenado del Ministerio de Transportes estipula que solo la Policía de Tránsito puede sancionar infracciones reglamentarias, todos los efectivos tienen el mandato constitucional de prevenir el delito.
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“No hemos tenido una modificatoria constitucional que diga que la policía no puede prevenir el delito. Si consta que un vehículo no tiene SOAT o revisión técnica, no se puede permitir su libre tránsito”, argumentó el abogado defensor.
La motivación de la fuga, según el abogado del suboficial
De acuerdo con las imágenes del suceso, el conductor realizó maniobras temerarias y se pasó una luz roja, lo que motivó la orden verbal de detenerse para un control de identidad. Al desacatar el mandato, el chofer incurrió en el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.
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La defensa legal sostiene que la alevosía con la que actuó el chofer respondía estrictamente a que la unidad de transporte público estaba pedida por la administración de la ATU para ser internada en el depósito, lo que llevó al chofer a arriesgar su vida y la de terceros antes de perder el control del vehículo en plena pista.
Debate sobre el uso de la fuerza de la PNP
El desenlace fatal ha generado indignación en un sector de la población que cuestiona la severidad de la respuesta policial. Ante las críticas de los conductores sobre presuntos direccionamientos en las intervenciones, Miranda instó a no generalizar a la institución.
La tragedia se encuentra bajo investigación fiscal para determinar si el suboficial Oblitas respetó la proporcionalidad de la norma o si existió un exceso en el uso de su arma de reglamento frente a la resistencia del conductor.
