Un total de 25 integrantes de la red delictiva “La Red del Silencio” fueron capturados mediante un operativo de detención preliminar. La intervención penal busca frenar el cobro de cupos que afectaba a choferes en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional.
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El operativo liderado por la Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao incluyó el registro de 21 viviendas. Las autoridades también ejecutaron la inspección de una celda de reclusión en el centro penitenciario de Lurigancho de forma simultánea.
Golpe a la extorsión en el Callao y Lima Norte
La restricción judicial de libertad se prolongará por dos semanas para profundizar en las indagaciones de este caso. Ministerio Público sostiene que esta estructura ilícita consolidó su accionar delictivo con mayor fuerza a lo largo del año 2025.
La base de operaciones de la organización se localizaba en la zona de Oquendo, situada en la jurisdicción del Callao. Desde dicho punto expandieron sus actividades ilícitas hacia los distritos limeños de Los Olivos y San Martín de Porres.
Empresas de transporte público afectadas por “La Red del Silencio”
Las indagaciones apuntan a que los objetivos principales de las exigencias económicas eran consorcios de transporte tanto regulados como informales. Entre las compañías golpeadas por este delito se encuentran las firmas Translima y también la empresa Holding Real Express S.A.
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La afectación económica alcanzó de forma directa a dueños de vehículos, conductores, cobradores y personal operativo del sector transportes. Los peritos del caso calculan que las rutas afectadas suman cerca de 190 unidades de transporte circulando por zonas como la avenida Izaguirre.
Así funcionaba el cobro de cupos y las amenazas por WhatsApp
El esquema de recaudación ilegal imponía tarifas diarias por cada carro que variaban regularmente entre los S/10 y S/40 en la zona. En escenarios de mayor presión delictiva, las exigencias económicas trepaban hasta alcanzar los S/70 por cada jornada de trabajo.
Los encargados del cobro utilizaban plataformas de mensajería como WhatsApp con líneas telefónicas operadas desde el país y el extranjero. A través de estos canales digitales se derivaban las advertencias violentas orientadas a obligar el desembolso de dinero en las rutas.
Los informes fiscales detallan que los textos enviados contenían advertencias de muerte y daños contra los bienes de los trabajadores afectados. Como método de coacción recurrente, los mensajes incluían archivos visuales de armas de fuego y diversos artefactos explosivos.
La institución investiga si el grupo delictivo ejecutó disparos contra los choferes y ataques directos a los buses para forzar los pagos. Tras culminar los arrestos, el Ministerio Público desarrollará nuevas pericias para determinar las condenas de cada uno de los procesados.
