El anuncio de un proyecto de ley orientado a suprimir el financiamiento estatal directo a las organizaciones políticas fue presentado por el congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, quien comunicó la iniciativa a través de sus redes sociales y aseguró que el dinero del Estado debe priorizar a la ciudadanía.
La propuesta fue formalmente ingresada al Congreso de la República bajo la denominación de “Ley que fortalece la transparencia financiera y el uso eficiente de los recursos públicos mediante la modificación de la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas”.
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Según el parlamentario, este cambio normativo busca replantear el sistema de ingresos partidarios en medio de un contexto marcado por denuncias sobre presunto mal uso de fondos asignados a la franja electoral.
El objetivo de la iniciativa legislativa que impulsa Jorge Montoya
Montoya sostuvo que la política debe sostenerse con apoyo ciudadano, no con recursos estatales. “El dinero público es para los ciudadanos, no para financiar partidos políticos. He presentado el PL N.° 28094 para eliminar el financiamiento público directo, porque la política debe sostenerse con respaldo ciudadano y rendición de cuentas, no con recursos del Estado”, escribió en su cuenta de X.
La propuesta elimina la partida presupuestaria destinada a financiar actividades ordinarias y electorales de los partidos, señalando que este mecanismo no ha cumplido con fortalecer la institucionalidad.
Cambios en la Ley de Organizaciones Políticas
El proyecto modifica el artículo 28 de la Ley N.° 28094 para establecer un modelo de financiamiento exclusivamente privado. Entre las fuentes contempladas figuran “cuotas de afiliados”, “actividades propias”, “aportes identificados de personas naturales” o jurídicas”, “créditos financieros” y “legados”.
Los aportes que superen el 25 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) deberán ejecutarse mediante el sistema financiero, bajo supervisión directa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el fin de garantizar licitud y trazabilidad.
Asimismo, se deroga el artículo 29, que regulaba el financiamiento público directo, junto a toda norma que sustentara dicha asignación.
Medidas excepcionales para las Elecciones Generales 2026
La propuesta faculta a la ONPE y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a suspender de inmediato los fondos asignados a partidos durante las Elecciones Generales 2026 en caso de detectarse “mal uso, falta de transparencia o incumplimiento de fines democráticos”.
De igual manera, se dispone que las organizaciones involucradas afronten acciones legales orientadas a la devolución íntegra de los recursos.
Argumentos de fondo: crisis de legitimidad
La exposición de motivos señala que el sistema político afronta una crisis producida por el uso indebido de recursos estatales. Menciona que los fondos destinados a formación política, actividad partidaria y franja electoral han sido empleados en “gastos suntuarios” o finalidades ajenas a lo establecido por ley.
El texto advierte que esta situación afecta la confianza pública y vulnera la correcta ejecución del presupuesto nacional.
¿Genera costos al Estado?
El documento afirma que la norma no implica un gasto adicional y, por el contrario, produce un ahorro directo al eliminar la asignación equivalente al 0.1 % de la UIT por voto emitido.
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De acuerdo con el planteamiento, esos recursos podrían ser reorientados hacia sectores prioritarios como seguridad, salud y educación.
Caso franja electoral e investigación fiscal
La iniciativa surge tras revelaciones sobre presunto uso irregular de fondos destinados a la franja electoral, administrada por la ONPE. Diversos medios informaron que algunas agrupaciones habrían dispuesto de estos recursos mediante mecanismos inapropiados o con posibles cobros de comisiones.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció en Willax que la Fiscalía derivó el caso a despachos anticorrupción para evaluar la apertura de una investigación penal. Recordó que estos fondos, de carácter público, tienen como fin exclusivo la difusión de propuestas durante las campañas.
Advirtió que cualquier apropiación irregular podría configurar el delito de peculado, por tratarse de recursos estatales con un uso previamente establecido.
El dinero público es para los ciudadanos, no para financiar partidos políticos.
He presentado el PL N.° 28094 para eliminar el financiamiento público directo, porque la política debe sostenerse con respaldo ciudadano y rendición de cuentas, no con recursos del Estado.… pic.twitter.com/ExR82T6V91
— Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) February 9, 2026
