Hasta diciembre de 2025, aproximadamente 8 mil personas deudoras alimentarias morosas fueron inscritas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) del Poder Judicial, cifra superior a las 7,495 registradas durante 2024. Solo 60 personas lograron ser excluidas del registro tras regularizar sus pagos de pensión alimentaria.
El Redam ha mostrado un incremento constante en los últimos cinco años: en 2021 se registraron 421 personas, en 2022 la cifra subió a 994 y en 2023 alcanzó los 3,115. Este crecimiento evidencia la ampliación del control judicial sobre los incumplimientos alimentarios.
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Entre las jurisdicciones con más inscritos destacan la Corte Superior de Arequipa con 1,530, seguida por Lambayeque (941), Tumbes (831), Huánuco (789), Amazonas (657) y Huaura (649). Por el contrario, las cortes con menos registros son Ica (13), Del Santa (11), Ucayali (9) y Cajamarca (7). San Martín y Sullana reportan cinco personas morosas cada una.
Redam del Poder Judicial crece: consecuencias legales y financieras para quienes no cumplen con pensión alimentaria
El Redam se centra en quienes adeudan tres cuotas sucesivas o alternadas de pensión alimentaria establecida judicialmente. Su objetivo es proteger los derechos de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, asegurando el cumplimiento de la obligación alimentaria.
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Además, la información del registro se comparte mensualmente con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, permitiendo que la deuda se refleje en la Central de Riesgos y en otras entidades privadas. Esto implica que los deudores no pueden acceder a puestos de trabajo en estas instituciones hasta regularizar sus pagos, ni pueden participar como candidatos en elecciones populares.
La inscripción en el Redam también genera otras consecuencias legales y financieras, incluyendo la prohibición de contratar con el Estado, acceder a créditos y la posibilidad de embargo de bienes o retención de ingresos.
