El cierre del 2025 marca uno de los puntos más bajos en la historia del Ministerio Público. Según la última encuesta de CPI, el 82% de la población rechaza el desempeño de los fiscales, una cifra que refleja el hartazgo ante un “rosario de casos” que vinculan a los encargados de perseguir el delito con presuntas prácticas extorsivas y patrimonios inexplicables.
La narrativa de la eficiencia fiscal se ha visto opacada por revelaciones de Yaziré Pinedo, quien señaló que la fiscal Marita Barreto habría recibido regalos de lujo, incluyendo joyas y pendientes, como parte de coordinaciones con investigados. A esto se suma la incapacidad de Barreto para justificar la valorización de su vivienda en 500,000 dólares.
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Una situación similar atraviesa Rafael Vela Barba, exlíder del equipo Lava Jato, cuestionado por la adquisición de una lujosa propiedad de 490,000 dólares que incluye una piscina no declarada ante las autoridades. Estos desbalances patrimoniales, frente a los sueldos del sector público, han alimentado la percepción de impunidad.
Tramas de extorsión y crisis institucional del Ministerio Público
El escándalo escaló con las declaraciones del empresario Juan Torres, quien denunció un presunto acuerdo de un millón de dólares entre Barreto y la empresaria Sada Goray para alterar testimonios sobre la ‘Ley de Pesca’.
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Mientras tanto, en el frente judicial, la fiscal Elizabeth Peralta regresó a prisión preventiva por el caso ‘Chibolín’, tras hallarse pruebas que la vinculan con redes de tráfico de influencias.
Finalmente, el caos institucional llegó a su clímax con la batalla por la titularidad de la Fiscalía de la Nación. La disputa entre Patricia Benavides y Delia Espinoza —quien terminó inhabilitada por 10 años por el Congreso— ha dejado al Ministerio Público en un estado de interinato bajo el mando de Tomás Aladino Gálvez, a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional.
El 2026 inicia con la urgencia de una reforma profunda para frenar el derrumbe moral de la justicia en el Perú.
