El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) del Perú manifestó su desacuerdo con la solicitud de la Corte IDH, que requirió detener el avance legislativo del Proyecto de Ley N.º 7549/2023-CR. Esta propuesta legislativa busca absolver a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que fueron denunciados o condenados por violaciones de derechos humanos ocurridas en Perú entre 1980 y 2000.
La Corte IDH fundamenta su intervención en los casos emblemáticos de Barrios Altos y La Cantuta, donde el Estado peruano fue declarado responsable por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese periodo. El tribunal internacional ordenó la suspensión inmediata del trámite de esta ley y, en caso de ser aprobada, solicitó que no sea aplicada. Además, convocó a una audiencia pública para el 21 de agosto de 2025, con la participación de representantes del Estado peruano, de las víctimas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de analizar la adopción de posibles medidas provisionales.
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En respuesta, el MINJUSDH sostuvo que la Corte IDH excede sus competencias y actúa en contravención del derecho internacional. Según el comunicado emitido, “las reiteradas disposiciones de la Corte contravienen el derecho internacional, pues no se desprenden de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual recae el mandato que le otorgaron los estados a dicho tribunal”.
Además, enfatizaron que el tribunal no puede sustituir a las autoridades nacionales ni ordenar actuaciones sobre temas no resueltos en las instancias internas del país, ya que ello impactaría la soberanía peruana y “debilitaría el propio Sistema Interamericano”.
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El texto concluye afirmando que, en respeto estricto a sus obligaciones internacionales, el Estado peruano participará en la audiencia convocada por la Corte IDH, donde sus agentes acreditados expondrán argumentos jurídicos y fácticos en defensa de la posición nacional. Esta confrontación refleja la tensión entre la defensa de la soberanía y la plena aplicación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
