Zoraida Ávalos: CIDH expresa preocupación por acusaciones constitucionales contra operadores de justicia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las acusaciones constitucionales contra miembros del sistema de justicia como los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.

"(La CIDH) hace un llamado a que se garantice el derecho de defensa y el debido proceso para que no se debilite la independencia judicial", se lee en un comunicado difundido este miércoles.

El órgano de la OEA se refirió a la figura de la acusación constitucional, que permite sancionar con la destitución e inhabilitación a la fiscal suprema Zoraida Ávalos. 

"Preocupa a la CIDH la ambigüedad de dicha figura, puesto que ni la ley ni la Constitución precisan las conductas punibles y sus correspondientes consecuencias", indicó.

Y recordaron que el Estado respondió que la acusación constitucional se encuentra regulada en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú. Adicionalmente, se les informó que dicha figura hace parte la función sancionadora del Congreso y que, como facultad de control político, puede ser ejercida por "responsabilidades eminentemente políticas, aún cuando no exista la comisión de un delito de por medio".

Al respecto, la CIDH advirtió sobre la importancia de observar con rigor las garantías del debido proceso y el derecho de defensa. Asimismo, recordó que, conforme a estándares interamericanos, las garantías para salvaguardar la independencia judicial no solo cobijan a jueces, sino también a fiscales.

"Los Estados les deben dotar de estabilidad en sus cargos como una consecuencia del rol fundamental que desempeñan en el acceso a la justicia. En tal sentido, es preciso que tanto jueces como fiscales cuenten con un adecuado proceso de nombramiento, protección contra presiones externas e inamovilidad en el cargo", añadió.

Finalmente, la comisión instó al Estado peruano a delimitar los parámetros objetivos para la aplicación de la acusación constitucional, para asegurar su consonancia con el principio de legalidad, derecho de defensa y debido proceso, de acuerdo con los estándares e interamericano e internacionales sobre la materia.