El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, declaró infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por el presidente de la República, Pedro Castillo.
Ello, en marco de la investigación preliminar que le sigue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al mandatario por tráfico de influencias agravado.
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El recurso fue desestimado al desvirtuarse que la Fiscalía de la Nación haya filtrado o permitido la filtración de información sobre las declaraciones de Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno quien se ha acogido a la colaboración eficaz.
La defensa legal de Castillo argumentaba una supuesta vulneración a la reserva de la información en esta indagación.
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