El Poder Judicial declaró inejecutable la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anulaba la orden de prisión preventiva por 24 meses dictada contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. El juez Leodan Cristóbal Ayala fundamentó su decisión señalando que existen dos resoluciones judiciales posteriores y plenamente vigentes que sostienen la medida coercitiva en el marco de la investigación por presunto financiamiento ilegal de su partido.
Ante este choque institucional, el magistrado resolvió elevar el caso en consulta al máximo intérprete de la Constitución para que aclare el alcance de su fallo antes de proceder con cualquier eventual liberación u orden de levantamiento de requisitorias.
Dos resoluciones vigentes frenan la excarcelación de Vladimir Cerrón
Según el pronunciamiento emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria, la sentencia del Tribunal Constitucional omitió pronunciarse sobre decisiones judiciales posteriores clave. Específicamente, se trata de una resolución emitida en diciembre de 2025 que rechazó variar la prisión preventiva y un fallo posterior de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional que confirmó dicha decisión a inicios de 2026.
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Al no haber sido invalidadas expresamente por el fallo constitucional, ambas medidas mantienen calidad de cosa juzgada. Esto imposibilita materialmente que el Poder Judicial ordene el levantamiento de las órdenes de captura contra el exgobernador regional de Junín sin incurrir en una infracción constitucional a sus propios fueros.
Magistrado eleva consulta al Tribunal Constitucional para resolver vacío
Frente a este obstáculo procedimental, el juez Cristóbal Ayala solicitó formalmente al TC precisar si los efectos de su sentencia alcanzan por “conexión” a las dos resoluciones judiciales de fecha posterior.
De acuerdo con el texto judicial, revocar estas órdenes de forma directa sin un mandato explícito vulneraría el artículo 139 de la Carta Magna, que garantiza el respeto a las decisiones judiciales firmes.
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“Corresponde elevar en consulta a fin de que se aclare si los efectos nulificantes alcanzan por conexión a las resoluciones vigentes que hoy sustentan la prisión preventiva”, precisó el juzgado en su resolución.
El escenario legal del prófugo líder de Perú Libre
Vladimir Cerrón permanece en calidad de no habido desde octubre de 2023, cuando pasó a la clandestinidad tras recibir una condena previa por el caso Aeródromo Wanka. A pesar de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema terminó absolviéndolo de dicha causa tiempo después, el líder político aún mantiene vigente la orden de prisión preventiva por el caso del financiamiento de sus campañas electorales entre los años 2008 y 2021.
La resolución definitiva del expediente queda ahora en manos del Tribunal Constitucional, cuyo pronunciamiento aclaratorio determinará el estatus legal final de requisitoriado que pesa sobre Cerrón.
