El último viernes 5 de setiembre, la Procuraduría General del Estado (PGE), anunció que Silvana Carrión no seguirá ocupando el cargo de procuradora Ad Hoc para el caso Lava Jato.
Ella asegura que su no continuidad en esta entidad adscrita al Ministerio de Justicia, ahora liderada por Juan José Santiváñez, se debe a una campaña política y mediática en su contra, orquestada desde la Municipalidad de Lima, por presiones del alcalde Rafael López Aliaga.
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Sin embargo, los hechos y documentos oficiales de la Procuraduría General del Estado sugieren una versión diferente, enfocada en la gestión deficiente y los resultados insatisfactorios de casi una década de trabajo.
Por unanimidad aprobaron su salida bajo una causal clara: la pérdida de confianza. La norma es explícita: los procuradores ad hoc son cargos de confianza, y pueden ser cesados cuando no cumplen con los objetivos institucionales.
En los comunicados difundidos precisan que la decisión responde a razones técnicas y funcionales, no a presiones externas.
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Ayuda a Odebrecht
El caso Lava Jato lleva casi una década en el Perú. Bajo la conducción de Silvana Carrión, la Procuraduría Ad Hoc no consiguió sentencias firmes relevantes contra los principales responsables de Odebrecht y sus socios locales.
Lo que ocurrió fue todo lo contrario: constantes aplazamientos, demoras procesales y una investigación interminable que mantiene al país sin justicia efectiva.
Además, fue ella, como adjunta del procurador Jorge Ramírez, quien negoció el polémico y lesivo acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, que terminó beneficiando más a la empresa corruptora que al Estado peruano. La constructora reconoció sobornos, pero logró seguir operando.
Documentos muestran la ineficiencia de Silvana Carrión
Silvana Carrión, desde el 2017, enfrentó cuestionamientos por un potencial conflicto de intereses: su postulado como regidora por el Partido Popular Cristiano (PPC) en 2014, y su trabajo en el estudio jurídico de César Azabache, hoy abogado de Odebrecht, a través de Rutas de Lima.
En exclusiva, ‘ContraCorriente’ accedió a documentos judiciales, que se han expuesto en la comisión Lava Jato, donde se demuestra cómo Odebrecht utilizó arbitrajes fabricados para lograr pagos millonarios del Estado.
En varios de estos procesos, la Procuraduría Ad Hoc no ejerció una defensa sólida, permitió laudos parciales favorables a la constructora y avaló mecanismos que hoy están bajo investigación.
Silvana Carrión culpa a Rafael López Aliaga
Carrión Ordinola Carrión afirma que todo es una represalia política. Señala directamente a Rafael López Aliaga como el artífice de su salida, asegurando que el alcalde buscaba utilizarla para enfrentar los problemas legales de la Municipalidad de Lima en los tribunales internacionales, especialmente en el caso de Rutas de Lima y la multinacional Brookfield.
Chats desmienten a la exprocuradora
Los chats de WhatsApp desmienten esta versión: lo que solicitó el alcalde fue que, como procuradora del Estado, se apersone en defensa del país. Una función que correspondía a su cargo y que no constituye presión indebida, sino parte de sus obligaciones como representante jurídica del Estado.
La Procuraduría General del Estado ha sido enfática: la destitución no responde a una campaña política ni mediática, sino al incumplimiento de funciones y a la pérdida de confianza.
