El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, cuestionó duramente este martes al Congreso de la República por la aprobación de millonarios aumentos salariales y bonos independientes mediante negociaciones colectivas, los cuales significan un costo de al menos 2,400 millones de soles para la caja fiscal.
La fuerte crítica del titular del MEF se dio en el marco del debate en la Comisión de Presupuesto sobre un crédito suplementario de 9,000 millones de soles solicitado por el Ejecutivo, encendiendo las alarmas por el quiebre de la meritocracia y el orden presupuestal del Estado.
El detonante de los 11 mil soles en Congreso
La controversia escaló ante la filtración de un eventual nuevo bono de 11,000 soles que se aprobaría en los próximos días a favor de los trabajadores parlamentarios mediante convenios con los sindicatos del sector. Este tipo de beneficios recurrentes ha puesto nuevamente al Poder Legislativo en el ojo de la tormenta pública por presunto despilfarro de recursos públicos.
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Ante esto, el ministro Acuña decidió ‘tirar la lanza’ directamente contra la Comisión de Presupuesto, exigiendo explicaciones sobre el origen de los fondos para financiar privilegios que escapan a la realidad del resto de servidores públicos.
Sacarle la vuelta a la ley
El titular del MEF expresó su profunda frustración frente a las tácticas utilizadas por los gremios del Congreso, señalando que estos acuerdos debilitan la institucionalidad de las mesas de diálogo global.
“No puede ser posible que estemos discutiendo con ustedes un marco de negociación colectiva mientras que en el Congreso van y nos sacan la vuelta sacando aumentos de manera independiente”, enfatizó la autoridad económica de manera tajante.
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Según el Ejecutivo, estas excepciones distorsionan la Ley de Negociación Colectiva del sector público, que busca centralizar y estandarizar los incrementos bajo criterios de estricta responsabilidad financiera y meritocracia.
Impacto en la caja fiscal
El desembolso de 2,400 millones de soles para cubrir los beneficios otorgados en el Parlamento representa una presión severa para el tesoro público, especialmente en un momento donde se discuten ampliaciones presupuestarias clave para la reactivación económica y la seguridad nacional.
Especialistas del sector señalan que la falta de un tope real a los pliegos presupuestarios del Congreso genera un precedente peligroso, donde el dinero de los contribuyentes termina financiando gollerías políticas en lugar de obras de infraestructura o servicios básicos esenciales para la población.
