El Instituto de Defensa Legal (IDL) registra una deuda pendiente con el Estado peruano tras recibir una sanción administrativa.
La multa de la APCI equivale a más de 34 mil soles y se originó por obstaculizar las labores de fiscalización.
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Los registros oficiales confirman que la sanción económica no ha sido cancelada hasta la fecha.
La controversia comenzó el 8 de marzo de 2024 durante una supervisión de rutina de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
La entidad estatal investigaba el uso de los fondos de un proyecto financiado por la Open Society Foundation.
El presupuesto total otorgado a la organización ascendía a 1.35 millones de dólares americanos.
Como parte de la ejecución, el IDL debía transferir recursos económicos a diversas agrupaciones aliadas en el país.
Entre los beneficiarios se encontraba la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), que recibió un monto de 10 mil dólares.
La autoridad fiscalizadora programó una entrevista para revisar el destino y la aplicación de dicho dinero.
Las razones del proceso sancionador
La cita con la institución receptora de los fondos fue agendada inicialmente para el 8 de noviembre de 2024.
La responsable financiera del IDL, Angie Gutiérrez, asumió el compromiso formal de gestionar el encuentro con las autoridades.
Sin embargo, la reunión programada no se concretó en los plazos fijados por el organismo regulador.
El proceso de supervisión de la APCI sufrió reprogramaciones en dos oportunidades consecutivas durante el mismo mes.
Las fechas previstas abarcaron del 11 al 15 y del 18 al 20 de noviembre de 2024. La organización argumentó que no obtenía respuestas por parte de la entidad aliada para coordinar la cita.
Debido al retraso y la falta de facilidades, la entidad estatal inició un proceso sancionador en marzo de 2025.
La resolución calificó el hecho como una infracción grave debido a la obstrucción de las funciones de supervisión. Los descargos presentados culparon a las supervisoras
Ratifican sanción económica a IDL
La entidad estatal continuó el procedimiento legal y ratificó la penalidad económica en julio del año 2025.
El monto exacto determinado por la resolución administrativa de la APCI asciende a 34 mil 55 soles.
La defensa técnica de la organización civil interpuso un recurso de apelación en agosto de ese año.
Un mes después, el órgano rector declaró infundado el recurso de apelación y ordenó ejecutar la cobranza.
El representante legal del organismo, Carlos Rivera, manifestó públicamente la postura de la institución de no abonar la deuda.
La sanción administrativa se mantiene vigente dentro del Registro Único de Sanciones del Estado.
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Mientras otras entidades civiles cumplen con las regulaciones vigentes, este caso permanece sin registrar movimientos de pago.
Las autoridades competentes mantienen la orden de cobro de acuerdo a los marcos normativos de la supervisión internacional.
