El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, rechazó de manera tajante las afirmaciones que sugieren la existencia de un fraude electoral en el proceso en curso. La respuesta del magistrado surge tras la difusión de alertas en redes sociales y medios de comunicación que sembraron dudas sobre la transparencia de los comicios.
Burneo fue enfático al señalar que la institución no tolerará la construcción de discursos que busquen deslegitimar la voluntad popular. “Queremos rechazar cualquier intento de narrativa, no solo de autoridades gubernamentales, sino de cualquier organización política y de cualquier persona en torno a que hay fraude”, manifestó la máxima autoridad del JNE.
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Con estas declaraciones, el titular del organismo electoral buscó llevar calma a la ciudadanía y frenar las sospechas de manipulación. Asimismo, instó a los actores políticos y sociales a actuar con responsabilidad, evitando calificativos que dañen la confianza en el sistema democrático sin contar con pruebas determinantes.
Defensoría del Pueblo alerta sobre nueva modalidad de fraude en cédulas
La controversia se encendió luego de un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez. La entidad advirtió sobre el hallazgo de cédulas de votación con rayaduras y marcas ubicadas fuera de los casilleros de los candidatos, situadas hacia los costados del papel. Según el defensor, este patrón sistemático tendría como presunta finalidad forzar la nulidad de los votos durante el escrutinio.
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Gutiérrez calificó el hecho como una “nueva modalidad que linda con el fraude” y detalló que estas alteraciones están siendo investigadas en conjunto con la Fiscalía. Ante el riesgo de que se vulnere el derecho al sufragio, el funcionario aclaró que estas acciones corresponden a terceros y no a las instituciones encargadas de la organización electoral.
Finalmente, la Defensoría hizo un llamado urgente a los ciudadanos para que verifiquen minuciosamente el estado de sus cédulas antes de ingresar a la cámara secreta. La institución autónoma exigió reportar de inmediato cualquier enmendadura previa para evitar que su voto sea invalidado de forma malintencionada.
