El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de su unidad ejecutora Provías Nacional, emitió un pronunciamiento oficial tras la intervención policial de una de sus unidades vehiculares en la ciudad de Pucallpa.
El incidente involucra a Américo Vergara Mendoza, hermano del congresista Elvis Vergara, quien fue intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) la noche del 1 de mayo mientras conducía una camioneta de placa EGJ-299.
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El reporte señaló que, durante el operativo, se halló propaganda proselitista del partido Acción Popular en el interior del vehículo oficial.
El hallazgo derivó en la detención de Vergara Mendoza por el presunto delito de peculado de uso, aunque actualmente afronta el proceso en libertad.
Intervención en Pucallpa
Según detalló el comunicado oficial, el vehículo intervenido se encuentra asignado a la Unidad Zonal Ucayali de Provías.
Las investigaciones preliminares determinaron que la unidad fue utilizada sin ninguna autorización y fuera del horario laboral establecido.
El hecho fue comunicado formalmente por la Dirección contra la Corrupción de la PNP a la oficina zonal correspondiente horas después de la intervención.
Se precisó que Américo Vergara Mendoza no es personal directo de la institución, sino que presta servicios como conductor para una empresa proveedora externa.
Dicha empresa privada está contratada específicamente para realizar el mantenimiento del corredor vial Pumahuasi-Pucallpa.
Ante la gravedad de los hechos, la entidad estatal solicitó un informe detallado a la empresa prestadora para establecer las medidas disciplinarias que correspondan según el marco legal vigente.
Provías inicia medidas disciplinarias
Provías Nacional solicitó formalmente el retiro inmediato del conductor del equipo asignado a las labores de mantenimiento vial.
La institución subrayó que, de determinarse que el vehículo estatal fue empleado para fines ajenos a la función pública o que existió participación de miembros de la entidad, se iniciarán procesos disciplinarios y acciones legales adicionales contra todos los que resulten responsables.
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Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se enfatizó la aplicación de una política de “cero tolerancia” frente al uso indebido de los recursos del Estado.
La gestión actual reafirmó su compromiso con la ética pública y la administración de los bienes nacionales, asegurando la adopción de medidas firmes para sancionar el mal uso de la flota vehicular encomendada para el servicio de los ciudadanos.
