Política
Una esclarecedora pericia grafotécnica evidencia cómo habría operado su gobierno corrupto, donde ascender de coronel a general podía tener un costo de entre 20 mil y 40 mil dólares.
20 de agosto del 2023 | 21:17 Hrs.La reciente denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el vacado expresidente Pedro Castillo y su exministro Walter Ayala, por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía, revelan nuevos elementos de convicción.
Una esclarecedora pericia grafotécnica comprometen seriamente al exjefe de estado y dejan evidencia de cómo habría operado su gobierno corrupto, donde ascender de coronel a general podía tener un costo de entre 20 mil y 40 mil dólares.
Testimonios de colaboradores eficaces, conversaciones de WhatsApp, registros de reuniones en Palacio de Gobierno y otras sedes del Estado, son algunos de los elementos recogidos por la Fiscalía de la Nación en la denuncia enviada al Congreso de la República.
El resultado de unas pericias grafotécnicas destacan la correspondencia de la letra de Pedro Castillo, con unas notas manuscritas (post it) que contienen una orden expresa para el cambio del coronel del Ejército Ciro Heriberto Bocanegra Loayza a la casa militar de Palacio de Gobierno.
En la denuncia constitucional también se menciona a Walter Ayala como intermediario para ascender a dos coroneles de la Policía al grado de general. A los testimonios de colaboradores eficaces, se suman registros de visitas a Palacio de Gobierno con ambos oficiales de la PNP.
"Uno de ellos, Manuel Rivera, es mi promoción de pregrado, hemos estudiado en la universidad. Nos conocemos como treinta años. Y Nicasio Zapata es mi vecino y también lo conozco como veinte años", indicó Ayala a ContraCorriente.
Otros personajes señalados como parte de la organización que gestó los ilegales ascensos son el excomandante general de la policía, Javier Santos Gallardo Mendoza y el exescolta presidencial, Jorge Tarrillo Gálvez.
Tras conocerse los nombres de los 10 generales de la Policía que habrían pagado por ascender, causó revuelo que tanto el jefe policial de la Región Lima, Roger Pérez Figueroa y del jefe de la Región Callao, Jorge Castillo Vargas, aparezcan en dicha lista.
Para el exministro Fernando Rospigliosi, lo acertado hubiera sido suspender temporalmente a los generales hasta determinar su inocencia o culpabilidad.
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