El expresidente Pedro Castillo aprovechó la audiencia que se le sigue por su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 para realizar un nuevo show.
Y es que, tomando el tiempo de su acreditación, el exmandatario sostuvo una hoja en su mano con el siguiente mensaje: “Art. 36 – Rebelión. El que se alza en armas para variar la forma”, para después dirigirse al Ministerio Público.
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“Con todo respeto, a mí se me imputa del Código Penal el artículo 346. Más de 60 audiencias, 60 sesiones, y quiero dirigirme al Ministerio Público para que de una vez exhiba o, en todo caso, haga público las armas que utilicé el 7 de diciembre, al menos una pistolita de agua siquiera. Eso es lo que queremos saber”, indicó Castillo Terrones.
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SAC del Congreso admitió a trámite denuncia contra Pedro Castillo
Recientemente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso admitió a trámite la denuncia constitucional interpuesta por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado y Félix Chero, por la posible comisión de los delitos en contra de la administración pública en la figura de cohecho pasivo propio y cohecho impropio.
Acusaciones
Los hechos señalados refieren a que la presunta corrupción en contra de la administración pública habrían ocurrido entre los años 2021 y 2022, donde Castillo Terrones habría solicitado y recibido sumas de dinero por parte del ministro Alvarado López con finalidades diversas.
Los presuntos propósitos habrían sido movilizar personas en apoyo a su gestión, financiar a sus hermanos, influir en votaciones de vacancia presidencial y sobornar a jueces en procesos judiciales contra sus sobrinos y funcionarios amigos.
Asimismo, se le implica al ministro Alvarado de haber exigido dinero a la empresaria Sada Goray para ciertas modificaciones en el directorio del Fondo Mi Vivienda y la asignación irregular de 376 millones de soles junto a beneficios a su empresa Marka Group.
Por el lado del exministro Chero, cuando estaba en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, habría pedido y recibido dinero por el nombramiento de la Superintendencia de Registros Públicos, favoreciendo los intereses de la misma empresa.










