El expresidente Pedro Castillo realizó una nueva ‘pataleta’ durante la audiencia de este martes por el fallido golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022.
Durante el tiempo de acreditación que se le otorga, el exmandatario se refirió en todo momento a la hipótesis de la Fiscalía sobre su cierre del Congreso de la República.
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“La Fiscalía siempre insiste en que yo cerré el Congreso de la República, aludiendo de que utilicé o me reforcé a través de la Policía, con personal que estaba de descanso, incluso con peluqueros, con cocineros; incluso con la Policía canina. Yo jamás me hubiese atrevido a sacrificar a estos animalitos para cerrar ese espacio, hubiese usado un gato. Este Congreso nunca se cerró y, el día de hoy, sostiene a un Gobierno asesino que a los señores que salen a protestar por un derecho, primero los asesina y luego se instala una mesera”, señaló Castillo en un primer momento.
“Termino señores jueces diciendo de que los pequeños mineros en el Perú no son delincuentes, los grandes sí. Este Congreso, que quiere inhabilitarme, no me cabe duda de que cuando lo hagan, van a tener las puertas abiertas y el pueblo les va a recibir con los brazos abiertos“, agregó.
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INHABILITACIONES CONTRA CASTILLO AVANZAN EN EL CONGRESO
Avanzan en el Congreso las dos denuncias constitucionales que buscan inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo de la función pública.
La Comisión Permanente le dio a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) un plazo de 15 días para investigar las acusaciones presentadas contra el expresidente.
Estas son las denuncias constitucionales 302 y 304, que fueron presentadas por los congresistas Juan Burgos y Edward Málaga, respectivamente, en el 2022.
La querella de Burgos fue presentada en septiembre del citado año, donde también alcanza al exministro de Educación, Rosendo Serna. La segunda, que es de autoría de Málaga, se elevó en octubre del mismo año, por el presunto uso indebido de aeronaves del Estado.
Ahora, corresponde que la SAC escoja a un congresista delegado para hacer las investigaciones, junto con la notificación del denunciado para sus descargos.
Tras la etapa de audiencias, el legislador escogido elaborará el informe final que recomienda acusar o archivar al denunciado. Es ahí cuando se someterá a debate y votación en la Comisión Permanente. De prosperar en las etapas, pasará al Pleno que tendrá una decisión final.
