El periodo de gestión del expresidente Pedro Castillo estuvo marcado por múltiples cuestionamientos y la apertura de diversas investigaciones de carácter penal.
Más allá de los procesos judiciales por los delitos de conspiración y rebelión tras su intento de disolver el Congreso, el exmandatario afronta imputaciones por la presunta comisión de coimas y licitaciones a dedo que habrían tenido lugar durante su mandato.
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Estas indagaciones fiscales involucran a altos funcionarios de su entorno, ministerios clave y empresas estatales, configurando un escenario de presuntas redes ilícitas destinadas al direccionamiento de fondos públicos.
Las irregularidades en gobierno de Pedro Castillo
Uno de los primeros focos de investigación se concentró en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Las acusaciones por presunta corrupción comenzaron a surgir antes del primer mes de iniciada la gestión de Pedro Castillo, apuntando a la entidad que en ese momento se encontraba bajo la dirección de Juan Silva Villegas.
De acuerdo con las carpetas fiscales, desde Provías Descentralizado —órgano adscrito a dicho ministerio— se habría coordinado el favorecimiento en una licitación para la construcción de una estructura vial en la región San Martín, conocida como el caso del Puente Tarata 3, cuyo valor ascendía a 232 millones de soles.
Aunque el exministro Silva Villegas renunció al cargo cuando el Parlamento evaluaba su censura, actualmente permanece en condición de prófugo de la justicia.
De manera paralela, a finales del año 2021, se reveló otra presunta red de corrupción en la empresa estatal Petroperú.
La Fiscalía de la Nación dispuso iniciar indagaciones tras advertir un supuesto direccionamiento escandaloso en favor de la compañía Heaven Petroleum Operators para la adquisición de biodiésel, por un monto estimado de 74 millones de dólares.
Las investigaciones fiscales señalan que este millonario acuerdo comercial se habría gestado tras la realización de reuniones en la sede del Ejecutivo, en las que presuntamente participaron el empresario Samir Abudayeh, el entonces jefe de Estado y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.
El Ministerio de Vivienda y las declaraciones de Salatiel Marrufo
El sector inmobiliario y de saneamiento dentro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento también forma parte de las investigaciones contra la gestión de Pedro Castillo.
En primer lugar, se identificó el denominado caso Anguía, en el cual se vio implicada la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes.
La familiar del exjefe de Estado fue captada en video mientras realizaba censos de proyectos de infraestructura en localidades de Cajamarca a nombre de una empresa privada, a pesar de no contar con la condición de funcionaria pública.
El panorama legal del exmandatario se tornó más complejo a raíz de las declaraciones brindadas ante el Congreso por Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.
Marrufo testificó haber recibido transferencias económicas de más de 4 millones de soles por parte de la empresaria Sada Goray con la finalidad de obtener beneficios para diversos proyectos de su empresa, Marka Group.
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Asimismo, el exasesor aseguró que, de manera mensual, se realizaba la entrega de 50.000 soles directamente al presidente de la República, fondos que presuntamente eran canalizados en el Palacio de Gobierno a través del entonces ministro Geiner Alvarado.
Debido a la gravedad de estas imputaciones y los riesgos procesales, el Poder Judicial determinó ampliar la medida de prisión preventiva dictada contra Pedro Castillo y Geiner Alvarado por un lapso de 12 meses adicionales, extendiendo su reclusión en el penal de Barbadillo hasta marzo de 2027.
