El 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo se preparaba para afrontar un tercer proceso de vacancia en el Congreso, bajo serios cuestionamientos de corrupción que afectaban la estabilidad de su gobierno.
Pocas horas antes de su mensaje a la nación, la Comisión de Fiscalización del Parlamento recibió el testimonio de Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.
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Marrufo declaró haber entregado sumas de dinero provenientes de la empresaria Sada Goray directamente al mandatario, además de detallar la entrega previa de un millón de soles destinada al pago de congresistas para evitar que votaran a favor de la destitución presidencial.
Las horas previas y la preparación del mensaje a la Nación
Durante la madrugada de aquel día, el equipo de defensa legal y varios ministros de Estado trabajaron en los argumentos que se presentarían ante el pleno del Congreso para contrarrestar la moción de vacancia, la cual ya contaba con 73 votos para su admisión.
En estas reuniones técnicas participaron los abogados Eduardo Pachas y José Palomino Manchego, así como los ministros Félix Chero, Alejandro Salas, Roberto Sánchez y, por breves momentos, César Landa.
La estrategia inicial consistía en asistir al Parlamento para ejercer la defensa constitucional correspondiente; sin embargo, los planes cambiaron drásticamente antes de las 10:00 AM.
En el Salón Dorado del Palacio de Gobierno, se iniciaron coordinaciones directas dirigidas por la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y el asesor Aníbal Torres.
Ambos gestionaron el ingreso de un equipo técnico de TV Perú para llevar a cabo una transmisión oficial en vivo.
De acuerdo con las imágenes registradas tras bambalinas en el despacho presidencial, se observa al jefe de Estado coordinando los detalles de la grabación, solicitando apagar las luces frontales que dificultaban su lectura y revisando las páginas del pronunciamiento escrito mientras un asistente militar le acomodaba la banda presidencial.
La detención de Pedro Castillo
A las 11:55 AM, el gobernante dio lectura al documento oficial en cadena nacional. Mediante este pronunciamiento, dispuso disolver temporalmente el Congreso e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Asimismo, decretó un toque de queda a nivel nacional y ordenó la reorganización del sistema de justicia, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.
La medida contemplaba también la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, encargado de redactar una nueva Constitución en un plazo no mayor a nueve meses.
La emisión del mensaje provocó la renuncia inmediata de la mayoría de los ministros de su gabinete y el rechazo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes calificaron la medida como un quebrantamiento del orden constitucional.
Ante la falta de respaldo institucional, el exmandatario abandonó el Palacio de Gobierno junto a su familia y Aníbal Torres con la intención de dirigirse a la Embajada de México para solicitar asilo diplomático.
No obstante, ciudadanos bloquearon las calles adyacentes a la sede diplomática con sus vehículos particulares, impidiendo el paso de la comitiva oficial.
Finalmente, la propia escolta policial procedió con la detención del exjefe de Estado en la vía pública, trasladándolo inicialmente a la Prefectura de Lima.
Durante la tarde de ese mismo día, el detenido Pedro Castillo y su defensa legal fueron sometidos a las primeras diligencias fiscales a cargo de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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En paralelo, el Congreso adelantó la sesión plenaria y aprobó la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral con 101 votos a favor.
El proceso concluyó con el traslado de Pedro Castillo al centro penitenciario de Barbadillo, donde permanece bajo prisión preventiva.
