En exclusiva, ‘ContraCorriente’ tiene la prueba que evidencian el intercambio, los favores y los archivos de denuncias de la Junta de Fiscales Supremos.
El pasado 18 de octubre de 2024, este grupo elegía en una sesión extraordinario el destino del Ministerio Público por los próximos 3 años. Estaba en juego, o en negociación, el puesto más alto de la Fiscalía, el órgano autónomo con prerrogativas de investigar a cualquier peruano. La elección se definió por 4 votos.
Se hizo el milagro para Delia Espinoza, con su propio voto a favor y el de Zoraida Ávalos, tenía el 2 a 2. Juan Carlos Villena, el entonces fiscal de la Nación, no le dio su voto. Todo se definiría con la decisión de Pablo Sánchez, el más longevo de los supremos y por ende, el voto definitivo que permitiría a Espinoza el milagro.
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Delia Espinoza y Pablo Sánchez
Pero, ¿qué hubo de por medio para que la recientemente nombrada fiscal suprema Delia Espinoza consiguiera el voto de Pablo Sánchez, que la llevó, finalmente, a convertirse en la poderosa fiscal de la Nación?
La respuesta estaría en un proyecto de disposición obtenido en exclusiva por ‘ContraCorriente’. Firmado nada más y nada menos que por el entonces fiscal de la Nación y antecesor de Delia, Juan Carlos Villena, quien denuncia constitucionalmente a Pablo Sánchez y Patricia Benavides por el presunto acuerdo de archivar mutuamente sus denuncias en su condición privilegiada de fiscales supremos.
En el documento se lee: “Ambos supremos, aprovechando que cada uno tenía interés propio en una investigación penal que era de competencia y conocimiento del otro, acordaron y aceptaron emitir pronunciamiento a favor de particulares intereses”.
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Caso “Chisac” permitió elección de nueva fiscal de la Nación
Así, en las manos de Patricia Benavides estaba la investigación del llamado caso “Chisac”, donde Pablo Sánchez era uno de los imputados, que el 11 de enero de 2023 declaró “no ha lugar a la reapertura de la investigación” y 5 días después, declaró infundada la elevación de los actuados en la pesquisa contra Rosa Ruth Benavides, hermana de Patricia. Esta supuesta concertación delictiva ha sido narrada con detalles por el ex hombre de confianza de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien confirmó la reunión de ella y Sánchez para el mutuo acuerdo de archivar sus casos.
El proyecto de disposición que recogía las pruebas del presunto acuerdo entre los jueces supremos fue firmado por el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el 10 de octubre de 2024. Pero, bastaron días para que la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza, archivara la denuncia constitucional a Pablo Sánchez.
Delia Espinoza archivó el caso por, supuestamente, falta de elementos de convicción, afirmando que la declaración de Jaime Villanueva contra Pablo Sánchez sería por “resentimientos y enemistades”.
Todo indica que Espinoza ya no sabía qué otra carta echar para defender al fiscal supremo que la llevó al poder, por lo que incluso señaló que “en el supuesto negado en que se hubiera llevado la reunión entre Benavides y Sánchez, Villanueva no presenció cuál de los dos realizó la propuesta del acuerdo”, librando de culpa a Pablo Sánchez y así devolvió el favor.
Delia Espinoza y sus archivamientos
La fiscal de la Nación parece ser una mujer que desborda de gratitud, pues recordemos que también, el último 27 de enero, Delia Espinoza decidió archivar la denuncia por el delito de obstrucción a la justicia contra Pablo Sánchez por la llamada que recibió y confesó tener con Gustavo Gorriti para suspender una diligencia a IDL.
Es importante señalar que el proyecto de disposición elaborado por Juan Carlos Villena presenta su firma y la de tres fiscales más, cuyas iniciales aparecen en la última página del documento. Uno de ellos, el fiscal supremo adjunto Efrein Montez Flores, ellos serían los testigos del manejo y las pruebas de la investigación.
Esta es la negociación de los fiscales supremos que intentarán pasar por desapercibida. Espinoza y Sánchez, por supuesto, no correrán la misma suerte de Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación que fue destituida por su presunto intercambio de favores con el Parlamento. Hoy resulta que Delia Espinoza cometería el mismo delito, pero no con congresistas, sino con un fiscal supremo.
