La captura de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y prófugo de la justicia desde octubre de 2023, sigue siendo uno de los mayores desafíos para las autoridades peruanas. A pesar de sus recurrentes apariciones en mítines virtuales y entrevistas con diversos medios de comunicación, su paradero exacto continúa siendo un enigma técnico para los equipos de inteligencia.
El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, brindó detalles sobre las dificultades que enfrenta la institución para localizar al exgobernador regional. Según el alto mando, Cerrón no actúa de forma improvisada, sino que emplea herramientas digitales sofisticadas para mantenerse en la clandestinidad.
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Tecnología de encriptación: el escudo digital de Vladimir Cerrón
Durante una presentación de resultados operativos en Chiclayo, Arriola explicó que el líder político utiliza protocolos tecnológicos que impiden el rastreo satelital o de redes. “Ustedes se preguntan cómo aparece en redes. Él utiliza alguna tecnología a través de la cual no se puede tener una ubicación con el grado de certeza ni aproximación”, declaró el general, justificando así la permanencia de Cerrón fuera del alcance de la ley.
El mando policial fue enfático al rechazar las críticas sobre una presunta inacción o beneficio político hacia el investigado. Arriola descartó tajantemente que exista impunidad o algún tipo de protección oficial, reafirmando el compromiso de la PNP para dar con su paradero.
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Renovación de órdenes de captura y cerco judicial
Mientras la policía lidia con los obstáculos tecnológicos, el frente judicial se mantiene activo. El Poder Judicial, a cargo del juez Leodán Cristóbal Ayala, dispuso recientemente la renovación de las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional e internacional contra Cerrón. Esta medida responde al vencimiento de las órdenes anteriores el pasado 29 de marzo.
El magistrado ordenó la inscripción de estas medidas en el Registro Nacional Judicial (Renaju). Cabe recordar que Cerrón enfrenta una orden de 24 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación por presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre entre 2008 y 2021.
Actualmente, el exgobernador de Junín es investigado por los delitos de organización criminal y lavado de activos. Su última esperanza legal reside en el Tribunal Constitucional, donde se espera la resolución de un recurso de habeas corpus que busca anular el mandato de prisión preventiva que lo mantiene en las sombras.
