Nuevas irregularidades fueron expuestas en torno a la gestión logística de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante elecciones 2026.
‘Beto a Saber’ reveló que el organismo electoral tercerizó el servicio de transporte de material crítico.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Beto Ortiz: “Ha sido una elección en la cual a los limeños nos han visto la cara de ‘cholitos’”
Específicamente las cédulas de votación, mediante convocatorias informales realizadas a través de grupos de WhatsApp.
Esta modalidad de contratación incluyó a conductores particulares y taxistas independientes, quienes trasladaron los votos de miles de ciudadanos.
El viaje se hizo en unidades que no contaban con el resguardo ni las condiciones de seguridad estandarizadas para este tipo de procesos democráticos.
Detalles de la convocatoria de ONPE
De acuerdo con la información difundida, las convocatorias se gestionaron mediante intermediarios que ofrecían tarifas que oscilaban entre los S/35 y S/50 por hora.
Los mensajes de texto evidencian que se solicitaron unidades tipo sedán y camionetas SUV para operar en distritos como el Callao, Rímac, Santa Anita y La Victoria.
Un punto crítico en la denuncia señaló que la ONPE habría permitido que estos pagos se realizaran a través de aplicativos móviles como Yape.
Esto refuerza los cuestionamientos sobre la transparencia y la formalidad de los servicios contratados para el repliegue de las actas y cédulas.
Los conductores reclutados bajo este sistema debían enviar fotografías de su ubicación y reportar el cumplimiento de sus horas mediante el mismo canal de mensajería.
Sin embargo, diversos transportistas han manifestado su malestar debido a demoras en los pagos correspondientes, los cuales, según los intermediarios, estarían sujetos a la aprobación presupuestaria posterior a la ejecución del servicio.
Cédulas destruidas e impacto en la fiscalización
A este panorama se sumó la destrucción de cédulas de votación en centros de sufragio de distritos como Pachacámac.
Registros de video mostraron a miembros de mesa rompiendo el material electoral en presencia de personal de la ONPE, a pesar de que la normativa vigente prohíbe este tipo de acciones.
Esta situación generó un conflicto administrativo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que el Jurado Electoral Especial requiere de dichas cédulas para corroborar actas que presentan errores aritméticos u otras inconsistencias.
- TAMBIÉN PUEDES VER: ONPE solicitó a Hermes servicio de emergencia de 40 camiones, pero “propuesta no fue aceptada por entidad”
Expertos en derecho penal y directores de organismos anticorrupción señalaron que estas fallas operativas y la improvisación en el traslado de los votos atentan directamente contra el derecho al sufragio.
La falta de una planificación adecuada y la recurrencia a empresas bajo riesgo han sido calificadas como negligencias que comprometen la integridad de los resultados electorales oficiales.
