Freddy Solano González, ministro de Trabajo, afronta cuestionamientos legales que contradicen el perfil técnico con el que fue presentado como nuevo integrante del Gabinete Ministerial de José María Balcázar.
‘ContraCorriente’ hizo público que el líder de esta cartera mantiene abierto un Proceso Administrativo Disciplinario (PAD) por presuntamente presentar un certificado laboral falso. Dicho documento le facilitó acreditar los años de experiencia requeridos para asumir previamente la superintendencia de la Sunafil.
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Adicionalmente, el ministro Solano registra dos investigaciones fiscales preliminares vigentes por los presuntos delitos de nombramiento ilegal y omisión de funciones.
Representantes del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) indicaron que el avance de este proceso administrativo por falsedad documental se ha postergado de forma prolongada y sin sanciones efectivas.
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Cuestionados personajes tomarían EsSalud
La selección de las autoridades para la presidencia ejecutiva de EsSalud se mantiene en el centro del debate debido a los antecedentes de los dos principales candidatos voceados por las bancadas de Perú Libre y Alianza para el Progreso.
- Jaime Moreno Eustaquio: Su desempeño previo en la Red Sabogal del Callao registra un incremento de 9 a 48 contratos de locación de servicios, lo que generó un gasto de S/ 1,367,500. Se le atribuyen pagos de asesorías de hasta 15,000 soles sin el debido sustento y la priorización de gastos administrativos sobre el abastecimiento de medicinas. Registra indagaciones fiscales por colusión, concusión y abuso de autoridad.
- Juan Vidal Rodríguez Terrones: El postulante cuenta con investigaciones fiscales por colusión con defraudación patrimonial en agravio del Estado, registros por omisión a la asistencia familiar y una intervención policial por conducción a excesiva velocidad.
Decretos de urgencia y compras bajo sospecha de sobrevaloración
La situación financiera de la entidad se ha visto impactada por la emisión de un Decreto de Urgencia que habilitó el uso de 1,800 millones de soles bajo la causal de desabastecimiento, permitiendo la contratación directa de bienes y servicios sin los controles ordinarios de fiscalización.
A este escenario se añaden denuncias públicas sobre presuntas adquisiciones sobrevaloradas, entre las que destaca la compra de equipos médicos especializados como los robots Da Vinci.
Paralelamente a las tensiones presupuestarias, se investigan presuntos requerimientos médicos tramitados en el Hospital Rebagliati orientados a la emisión de un diagnóstico de neoplasia maligna para el expresidente Pedro Castillo, con el fin de solicitar su excarcelación del establecimiento penitenciario de Barbadillo.
