Ministerio Público rechaza ley que prescribe delitos de lesa humanidad: "Impacta negativamente en nuestras investigaciones"

La Fiscalía de la Nación mostró su rechazo en contra de la Ley N.° 32107, que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

A través de un comunicado en redes sociales, el Ministerio Público señaló que esta norma perjudica las investigaciones y procesos de las fiscalías pertenecientes al Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad.

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"Reafirmamos nuestra posición crítica respecto al contenido de la ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, debido a que impacta negativamente en las investigaciones y procesos en los que intervienen las fiscalías de este subsistema especializado, pues impide que el Ministerio Público ejerza su función de defensor de la legalidad y persecutor del delito en las investigaciones que -a la fecha- se encuentran a su cargo por hechos de especial gravedad", señaló.

Además, afirmó que la promulgación de esta ley significa un retroceso en las obligaciones internacionales del Gobierno peruano con relación a la defensa de los derechos humanos.

"Presupone un retroceso en la defensa de los derechos humanos, porque menoscaba el esfuerzo que los órganos de administración de justicia se encontraban realizando a fin de cumplir con la obligación internacional del Estado de juzgar este tipo de hechos, y se contrapone abiertamente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos desarrollados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos", manifestó.

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Asimismo, el Ministerio Público anunció que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, presentará una demanda de inconstitucionalidad contra esta normativa ante el Tribunal Constitucional.

"Por ello, en el marco de un Estado respetuoso del principio de balance entre poderes y en atención al compromiso institucional por la defensa de la legalidad y los derechos humanos, nos adherimos al acuerdo adoptado por la Junta de Fiscales Supremos, de fecha 22 de julio de 2024, de interponer la correspondiente demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley en cuestión,  lo cual corresponde al Fiscal de la Nación", expresó.