El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, no tomó en cuenta la pericia realizada al proceso de compra de pruebas rápidas para la detección de la COVID-19 antes de archivar la investigación contra el vacado expresidente Martín Vizcarra.
De acuerdo con el dominical 'Panorama', se trata de una última pericia, entregada el pasado 24 de abril al titular del Ministerio Público, la cual advertía un perjuicio económico al Estado de 23 millones de soles.
Según el documento, el estudio de mercado habría sido simulado, pues no se explica cómo se habrían cursado invitaciones de posibles proveedores, cuando ya se tenía seleccionada la empresa que suministaría las pruebas rápidas.
Además, el 18 marzo de 2020, en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se ejecutó una reunión clave entre Martín Vizcarra y las exministras Elizabeth Hinostroza (Salud) y María Antonieta Alva (Economía). En este encuentro también participaron representantes de empresas farmacéuticas.
"En la reunión del 18 de marzo de 2020, se evidencia que proveedores y personal del MEF realizaron coordinaciones durante dos horas sin la intervención de personal médico, (…) generando sospechas de orientación de compra", alerta la pericia.
Para la Procuraduría, el Ministerio Público tuvo que sospechar y valorar tales hechos. La propia titular de Salud de ese entonces, incluso, admitió que la reunión no estaba agendada, aun cuando participó horas antes en el Consejo de Ministros.
Otro elemento de convicción que devela la pericia es que Flor de María Mas Tejada envió correos de invitación a cotizar a 28 empresas privadas, otorgando únicamente el plazo de 1 hora posterior de la emisión del correo para emitir cotizaciones.
Sorprendentemente, dos empresas cumplieron: Nipro Medical, que remitió su cotización 1 hora y 23 minutos después, y Multimedical Supplies, que lo hizo 9 minutos después, como si hubiera tenido todo listo.
