La primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, señaló que si la vacancia contra el presidente Pedro Castillo no se ejecuta hablarán sobre el "recorte del mandato".

Ello, en relación a la propuesta de la legisladora Susel Paredes (Integridad y Desarrollo), quien busca aprobar el adelanto de elecciones.

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“La congresista Susel, que habla mucho del tema, tiene dos votaciones en negativo contra la vacancia. Las dos veces votó en contra de la vacancia y todavía no hablaba ella de adelanto de elecciones”, dijo en RPP Noticias.

Al respecto, la parlamentaria de Fuerza Popular indicó que el Legislativo no pueda aprobar dicha figura porque no les corresponde. En consecuencia, de no funcionar la vacancia contra Castillo Terrones, apostarán por el recorte presidencial.

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“He dicho reiteradas veces que, si en el caso que nosotros no logremos vacar al señor Castillo, entonces ahí es cuando hablamos del recorte del mandato”, sostuvo.

“El recorte de mandato implica una cosa no de inmediato, tiene un procedimiento: dos legislaturas o una legislatura, como bien dice la congresista Susel, y un referéndum”, acotó.

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La legisladora de Fuerza Popular (FP) Martha Moyano sostuvo que "no le haría caso" al informe final emitido este miércoles por la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), el cual concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las violentas protestas en contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

"La CIDH es sorda para países como los nuestros que no dejamos que entre el Foro de Sao Paulo, que no representamos a un Estado como el de Venezuela u otros países. Eso es la CIDH para mí y pido disculpas por adelantado. Yo no esperaba ningún informe que le diera al Perú algún nivel de duda por lo menos. Sabía perfectamente que este iba a ser el informe, así que no me asombra", dijo Moyano a la prensa desde el Parlamento.

En tal sentido, la parlamentaria de FP consideró que el Perú "ha demostrado al mundo que se defiende solo, que hace sus cosas democráticamente y que va a defender la institucionalidad democrática".

El cuestionado documento del ente internacional ha sido cuestionado por su sesgo ideológico al no rechazar con contundencia la quema de comisarías y sedes del sistema de administración de justicia, ni la toma de aeropuertos, así como tampoco el asesinato de un suboficial de la Policía, que fue quemado vivo, o la muerte de seis soldados en el río Ilave tras ser atacados a pedradas por los manifestantes, y menos aun los fallecimientos ocurridos por el bloqueo de vías.

Lo anterior descrito es considerado para la CIDH solo como "situaciones de violencia que no están protegidas por el derecho a la protesta".