La trayectoria política de Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, enfrenta un cuestionamiento legal tras revelarse una sentencia judicial de su pasado como funcionario. El actual candidato por el partido Perú Primero ocultó una condena impuesta hace más de dos décadas por irregularidades en la administración pública.
De acuerdo con la resolución obtenida por el programa ContraCorriente, el hecho ocurrió mientras Mario Vizcarra presidía el CTAR Moquegua. En aquel periodo, el hoy postulante percibía un salario como titular de la institución y, simultáneamente, cobraba otro sueldo del Estado.
La modalidad consistía en asesorarse a sí mismo mediante un convenio con el PNUD, lo que le permitía recibir ingresos adicionales de 2000 dólares. Este mecanismo fue calificado por las autoridades como un aprovechamiento indebido de los recursos del erario público.
Mario Vizcarra: Sentencia por peculado y falsedad genérica
La justicia determinó que Mario Vizcarra incurrió en los delitos de peculado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Para concretar el cobro del segundo sueldo, firmó una declaración jurada donde afirmaba no tener otros vínculos laborales con el Estado.
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El documento legal, que es un testimonio con valor jurídico, fue utilizado para validar su contrato con el organismo internacional. Durante el proceso judicial, el imputado argumentó que sus antecesores realizaban las mismas prácticas para justificar sus ingresos.
No obstante, la fiscalía consideró que dicha justificación carecía de sustento debido a su formación académica y el alto cargo gerencial que ostentaba. Por estos hechos, se le impuso una pena de tres años de prisión suspendida y el pago de una reparación civil.
Impedimentos bajo la Ley 30717
La situación legal de Mario Vizcarra ha generado una respuesta inmediata del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2. El organismo electoral ha declarado inadmisible su candidatura al Senado por la agrupación política Perú Primero.
El impedimento se fundamenta en la Ley 30717, la cual establece restricciones estrictas para quienes aspiran a cargos de elección popular. Según esta norma, están prohibidos de postular aquellos funcionarios públicos condenados por colusión, peculado o corrupción.
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La restricción se mantiene vigente incluso si los sentenciados ya han cumplido su pena o han sido rehabilitados judicialmente. En el caso del hermano del expresidente, se suma la falta de acreditación del pago de la reparación civil al Estado.
Mario Vizcarra: Dudas sobre la reparación civil
A pesar de que sectores cercanos al vizcarrismo afirman que la deuda con el Estado fue cancelada, no se ha presentado el váucher correspondiente. Ante la falta de pruebas del pago, el candidato habría optado por solicitar la prescripción de la deuda para lograr su rehabilitación.
Especialistas señalan que para una rehabilitación efectiva se requiere haber cumplido la pena y cancelado el monto fijado por concepto de reparación. No cumplir con el pago al Estado peruano conlleva la inscripción en un registro de deudores civiles.
Esta condición de deudor impediría que cualquier ciudadano pueda ejercer funciones como servidor público en el territorio nacional. Actualmente, la postulación de Mario Vizcarra tanto a la presidencia como al senado se encuentra bajo observación de las autoridades electorales.
