La carrera electoral de Mario Vizcarra y su organización política, Perú Primero, atraviesa sus horas más críticas. Lo que el entorno del exmandatario denominó como un sólido “Plan B” para retornar al poder, hoy parece desmoronarse ante los marcos legales y las recientes declaraciones de las máximas autoridades constitucionales del país.
Y es que la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, ha sido enfática al señalar que Vizcarra enfrenta impedimentos insalvables para postular, derivados de su sentencia por peculado.
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La Ley 30717: El muro legal que frena a Perú Primero
A esta postura se sumó el expresidente del TC, Carlos Mesía, quien en entrevista a este medio dio por sentada la exclusión del candidato. “Digamos que ya está fuera”, sentenció Mesía, aclarando que solo resta el pronunciamiento formal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El argumento central radica en la Ley 30717, la cual establece impedimentos para postular a cargos de elección popular a personas sentenciadas por delitos de corrupción, incluso si ya han sido rehabilitadas. Según Mesía, esta norma no ha sido declarada inconstitucional, ya que en su momento no se alcanzaron los votos necesarios en el TC para derogarla. “La ley ha sido constitucionalizada”, precisó el jurista.
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Defensa de Vizcarra habla al respecto
Por su parte, la defensa de Vizcarra y su partido presentaron una solicitud ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro para inaplicar dicha ley. El exmandatario sostiene que impedir su participación contraviene sus derechos fundamentales.
“Fui juzgado, cumplí y hoy estoy totalmente rehabilitado”, declaró Vizcarra, argumentando que la restricción extiende la privación de derechos más allá de la pena impuesta.
El partido Perú Primero basa su estrategia en interpretaciones previas del TC sobre amparos de otros candidatos, alegando que la exclusión es inconstitucional. Sin embargo, con el peso de la ley vigente y la opinión de expertos, la candidatura pende de un hilo. La decisión final recae en el sistema electoral, que deberá decidir entre la aplicación estricta de la norma o el polémico pedido de inaplicación de Vizcarra.
