La congresista Maricarmen Alva presentó el Proyecto de Ley N° 12984/2025-CR, una iniciativa que propone la implementación de la identificación biofacial y biométrica obligatoria en las entidades del sistema financiero.
El objetivo de la iniciativa es fortalecer la lucha contra la extorsión, el sicariato y los delitos financieros vinculados al crimen organizado.
Verificación facial obligatorio, sugiere Maricarmen Alva
El proyecto de ley también establece que las entidades del sistema financiero deberán incorporar la verificación de identidad biofacial y biométrica (rostro, huellas o iris) como requisito obligatorio previo a la apertura de cualquier cuenta bancaria, billetera digital o servicio financiero electrónico.
Esta medida se fundamenta en la creciente utilización de cuentas bancarias prestadas y billeteras digitales por parte de las bandas criminales organizadas.
El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que más del 60% de las transacciones investigadas por fraude digital involucran el uso de cuentas cedidas o alquiladas a terceros.
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El uso de tecnologías de reconocimiento facial y biométrico es una práctica global en la prevención del lavado de activos y la suplantación de identidad. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estima que esta verificación podría reducir hasta en un 80% los fraudes por suplantación de identidad.
El proyecto de ley faculta a la SBS para emitir, en un plazo máximo de 90 días calendario, el reglamento técnico y los protocolos de interoperabilidad con el RENIEC y la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta coordinación busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones y la seguridad del sistema financiero.
Maricarmen Alva: penas de hasta 25 Años por préstamo de cuentas
Como complemento a la verificación biométrica, el proyecto de ley crea un nuevo delito para penalizar el uso de estas cuentas. Se propone la incorporación del artículo 196-B al Código Penal , que tipifica el “préstamo de cuentas para fines delictivos”.
El individuo que preste, arriende, ceda o permita el uso de su cuenta bancaria o billetera digital a otra persona, sabiendo que será utilizada para la comisión de delitos, será reprimido con pena privativa de libertad de 10 a 15 años.
Si la cuenta es utilizada para cometer delitos graves como extorsión, sicariato, secuestro, estafa, robo o delitos informáticos, la pena aumenta a no menor de 15 ni mayor de 25 años.
Además, se contempla la inhabilitación para contratar servicios financieros por un período de hasta 25 años. Esta medida busca desincentivar el uso de cuentas “mulas” y proteger la integridad del sistema financiero.
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Régimen cerrado especial y aumento de la extorsión
La iniciativa también propone clasificar a los internos por delitos de extorsión y sicariato, vinculados a una organización criminal, en el Régimen Cerrado Especial. Esto busca reducir la reincidencia criminal y evitar que los cabecillas criminales sigan operando desde los penales, un problema estructural en el Perú.
El Poder Ejecutivo deberá implementar una mesa técnica interinstitucional para supervisar la aplicación de estas medidas, y el Ministerio del Interior impulsará una campaña de sensibilización sobre las consecuencias penales del préstamo de cuentas.
