Una controversial iniciativa legislativa, presentada por el congresista Luis Cordero Jon Tay, fue retirada por su bancada Alianza para el Progreso (APP) ante una ola de críticas. El proyecto buscaba permitir que los pagos realizados por empresarios a extorsionadores pudieran ser deducidos del impuesto a la renta.
El proyecto de ley número 12793 fue presentado formalmente el 14 de octubre. La iniciativa del parlamentario Luis Cordero Jon Tay recibió, en un primer momento, el respaldo de cinco congresistas de su bancada, Alianza para el Progreso.
Los firmantes fueron Alejandro Soto, Magaly Ruiz, María Acuña Peralta, Eduardo Salhuana y Segundo Quiroz. Sin embargo, la propuesta generó un rechazo generalizado, lo que motivó el retiro del documento y que los firmantes iniciales se distanciaran de la medida.
La iniciativa planteaba que los empresarios que fueran víctimas de la criminalidad pudieran pasar por la caja de la Sunat y debitar los pagos exigidos por organizaciones criminales como parte de sus gastos tributarios, afectando directamente el cálculo del impuesto a la renta.
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Cuestionamientos a la propuesta
La presentación del proyecto de ley provocó una reacción inmediata por parte de diversas figuras políticas y especialistas, quienes argumentaron que la medida era inviable y contraproducente en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
El congresista Jaime Quito calificó la propuesta como “un insulto a la inteligencia de la gente”. Según su perspectiva, “plantear un proyecto de ley de esa manera es legalizar las extorsiones”.
En una línea similar, la parlamentaria Elizabeth Medina manifestó su total oposición. “No podemos legalizar las extorsiones. Jamás en la vida”, declaró. La controversia llevó a que la bancada de APP decidiera archivar la iniciativa.
Especialistas como el abogado tributarista Raúl Odría también se sumaron a las voces críticas, cuestionando la falta de análisis y viabilidad en propuestas de esta naturaleza. Se señaló que el proyecto parecía una “burla a la inteligencia de todos los peruanos”.
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El drama de la extorsión
Más allá del debate político, el proyecto de ley ponía sobre la mesa una problemática que afecta a miles de peruanos: la extorsión. El documento de investigación recoge testimonios que grafican el alcance de este delito en el país.
Un empresario relató el nivel de amenaza que enfrenta. “A mí me cobran 100 mil soles. Su amenaza es atentar contra la vida de los seres que uno más quiere”, se lee en el informe.
El temor es una constante para muchos trabajadores. “Todo conductor que sale en la mañana a trabajar, no sabe si va a regresar vivo”, señaló un chofer de bus. De igual forma, el dueño de una pollería comentó que sus empleados “ya no quieren venir por el miedo”.
Luis Cordero Jon Tay, quien antes de pertenecer a Alianza para el Progreso estuvo vinculado al fujimorismo y al partido de Martín Vizcarra, es descrito en el informe como uno de los parlamentarios más ausentes en las sesiones plenarias del Congreso de la República.





