El presidente José María Balcázar designó al abogado José Luis Torrico como secretario general de Palacio de Gobierno, tras el fallido intento de colocar en ese puesto a Loly Wider Herrera, defensor legal del prófugo Vladimir Cerrón, cuya nominación quedó bloqueada por el escándalo de sus denuncias públicas.
Torrico, con 19 años de experiencia en el sector público, asume un cargo clave en un contexto donde el control político de Palacio es disputado por las fuerzas que llevaron a Balcázar al poder con 64 votos frente a los 46 obtenidos por María del Carmen Alva.
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En un reportaje de ContraCorriente, la designación ha sido interpretada como un movimiento alternativo tras el rechazo a Wider Herrera.
Las disputas internas por los ministerios
Fuentes del programa señalan que Torrico no solo estaría vinculado a intereses de Perú Libre, sino también a partidos de la coalición que hoy reclaman espacios en el Gabinete.
La pugna más visible ocurre en el Ministerio de Salud, donde Luis Napoleón Quiroz mantiene la titularidad respaldado por Alianza para el Progreso (APP).
La reciente visita a Palacio del vocero de APP, Jorge Marticorena, alimentó sospechas de negociaciones internas, aunque él lo negó: “(¿Para qué ha venido?) A los hospitales”.
La legisladora Kelly Portalatino, exministra de Salud y figura cercana a Cerrón, sería la carta que Perú Libre intenta imponer para recuperar ese despacho, hoy controlado por APP.
El operador inesperado y el gabinete en ciernes
En paralelo, ha surgido un actor adicional en la trama: Rivin Yangali, operador político vinculado a la expresidenta Dina Boluarte, quien estaría colaborando en la conformación del gabinete encabezado por Hernando de Soto.
Para Cerrón, la llegada de Torrico podría tener utilidades adicionales, dada su condición de prófugo de la justicia.
La figura del secretario general, además, permite controlar accesos informales a Palacio, una práctica que ya generó escándalos en gobiernos recientes.
Las carpetas fiscales y la vulnerabilidad del nuevo secretario
Torrico aparece como testigo en dos carpetas fiscales. La más delicada está relacionada con el nombramiento irregular de integrantes del fuero militar policial durante su paso por el Ministerio de Defensa como jefe de Asesoría Jurídica.
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Ese expediente involucra al exmandatario Pedro Castillo, denunciado por aprovechamiento indebido del cargo o negociación incompatible, junto a sus exministros Dimitri Senmache y José Luis Gavidia.
La designación de Torrico abre una nueva etapa en la disputa por el control interno del Ejecutivo. Con la juramentación del gabinete De Soto prevista para este martes, se conocerá con mayor claridad cómo se distribuyeron los espacios de poder entre Perú Libre, APP y los demás actores que permitieron que José María Balcázar —denunciado y enfrentando procesos judiciales— alcance la Presidencia.
