El presidente del Congreso, José Jerí, dejó entrever este jueves que apoyaría la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y aplicar la pena de muerte.
“Lo dije cuando tuve la suerte y el privilegio dirigirme la Nación, cuando asumí la Presidencia (del Congreso). Cuando las instituciones fallan o las leyes no nos ayudan, es momento de tomar decisiones mucho más fuertes“, manifestó Jerí ante la prensa.
“Creo que, sin adelantar mayor juicio, si el país tiene que hacer lo que tiene que hacer para poder dar seguridad y tranquilidad, habrá que hacerlo”, el legislador de Somos Perú.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Dina Boluarte arremete contra la Corte IDH que exige suspender ley de amnistía: “No permitiremos la intervención”
EJECUTIVO Y CORTE IDH SE ENFRENTAN
Estas declaraciones de José Jerí se da en medio del enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Corte IDH.
Primero, el organismo internacional exigió al Estado peruano suspender el proyecto de ley que otorga amnistía a los policías y militares que lucharon contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
En respuesta a ello, la presidenta de la República, Dina Boluarte, advirtió que no permitirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“No somos colonia de nadie y no permitiremos la intervención de la Corte Interamericana, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para miembros de nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que lucharon arriesgando su vida contra la insania del terrorismo, contra aquellos que solo querían derramar la sangre de nuestros compatriotas. No lo vamos a permitir”, manifestó la dignataria durante una actividad oficial.
- TAMBIÉN PUEDES VER: Canciller rechaza pedido de Corte IDH para frenar proyecto de amnistía a militares y policías: “Ni siquiera es ley”
INICIATIVA SE APROBÓ EN COMISIÓN PERMANENTE
Como se recuerda, esta iniciativa, aprobada en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso el pasado 9 de julio, busca absolver a integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa que fueron denunciados o condenados por violaciones de derechos humanos ocurridas en Perú entre 1980 y 2000.
